Y definitivamente la unión fue la solución: la marina en Castillogrande no va…

Mediante Resolución No. 001 del 28 de junio de 2017, la Dirección General Marítima -Dimar – repuso la Resolución No. 022 del 16 de enero de 2017, mediante la cual se otorgó a la sociedad Marina Park S.A.S. una concesión para que operara durante 20 años una marina sobre la bahía interna de Cartagena, a un lado del residencial barrio de Castillogrande.

En consecuencia, se archivó “el trámite de concesión solicitado por la sociedad Marina Park S.A.S. para el desarrollo del proyecto Castillo Landing Place Marina”, con lo cual se congela indefinidamente la iniciativa de construir sobre la bahía, entre las carreras 14 y 11 de Castillogrande, una marina con 225 estaciones para veleros y lanchas, 100 parqueaderos para automóviles y varios establecimientos de comercio.

Como se recordará, el pasado 7 de febrero el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ordenó revocar la concesión otorgada por la Dimar, atendiendo el clamor de amplios sectores cartageneros encabezados por el propio alcalde Manolo Duque Vásquez, varios dirigentes políticos y la inmensa mayoría de la dirigencia cívica y gremial de la ciudad.

“Después de escuchar a las partes he ordenado a la Dimar revocar la decisión sobre la marina de Castillogrande en Cartagena”, fueron las palabras con las que el primer mandatario de los colombianos anunció ese día su decisión. Por su parte, en diálogo telefónico con Revista Metro, el mandatario de los cartageneros manifestó su satisfacción por la orden impartida por el presidente, a quien agradeció haber escuchado “las razones valederas de la comunidad para no implementar una marina en Castillogrande”.

En ese entonces, Duque Vásquez reconoció la importancia de que los diversos estamentos locales se hayan unido en torno de un propósito común: impedir que se construyan marinas en zonas residenciales. Para el burgomaestre, se estaban sentando las bases para que, a futuro, en este tipo de iniciativas se tenga en cuenta primordialmente el interés general y, en todo caso, que no se contraríe la voluntad ciudadana; “hay que determinar unas zonas más apropiadas para su localización”, advirtió el alcalde en esa oportunidad (leer ‘Probado: la unión sí es la solución; Santos atiende clamor ciudadano sobre marinas‘).

El no a la marina en Castillogrande

En la Resolución 001 de 2017, suscrito por el contralmirante Mario Germán Rodríguez Viera, en su condición de director general marítimo ad-hoc, se tuvo en cuenta, en esencia, “el principio constitucional de la prevalencia del interés general sobre el particular que la rige la Administración (pública), y dada la relevancia de los nuevos planteamientos realizados por el Distrito (…) sobre el Macroproyecto de la bahía de Cartagena contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena (…) antes desconocidos por la Autoridad Marítima”.

En concreto, la Dimar atendió los argumentos de la Alcaldía y la Personería de Cartagena; de las Juntas de Acción Comunal de Castillogrande y Bocagrande; de voceros de los gremios, entre ellos la entonces representante del Consejo Gremial de Bolívar, Alicia Bossi Ánderson, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, María Claudia Páez, y el miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros -Aciem, William Murra Babún; y de varios dirigentes políticos, entre ellos la mayoría de los concejales de Cartagena y varios congresistas de Bolívar.

La oposición de la comunidad se manifestó de manera tangible mediante sendos recursos de reposición presentados por el Distrito de Cartagena, mediante escrito presentado por su apoderada: María Eugenia García; por las Juntas de Acción Comunal de Bocagrande y Castillogrande, a través del apoderado de ambos colectivos: Wilson Toncel Gaviria; y de la Personería de Cartagena, con escrito suscrito por su titular: William Matson Ospino.

También se tuvieron en cuenta los argumentos en contra de la construcción de marinas en zonas residenciales expuestas en varios escenarios por voceros de la comunidad cartagenera como la Asociación de Vecinos de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito -Asobocala; el Consejo Comunitario de Caño del Oro; y el veedor ciudadano Héctor Pérez Fernández, quien interpuso unas acciones ante la Procuraduría General de la Nación.

De igual forma, la senadora Daira Galvis Méndez jugó un papel fundamental en el proceso que concluyó con la denegación definitiva de la concesión para construir una marina en el residencial barrio de Castillogrande al ser quien, como reveló este portal en la nota ‘Comunidad de Bocala le gana el pulso a promotores de marinas en la zona‘, puso el grito en el cielo “al enterarse de la determinación de la Dimar y de manera inmediata llamó (telefónicamente) al vicepresidente Germán Vargas (…), a quien le pidió interceder para que no se concretara lo que calificó como un atentado contra la ciudad”.

La unión fue la solución

Una vez conoció la buena nueva, el alcalde Manolo Duque expresó su complacencia y publicó en su cuenta en Twitter: “decisión de @mindefensa de revocar concesión de marinas en Castillogrande es el resultado de un trabajo conjunto con los ciudadanos. #JuntosSíEsPosible”.

“Celebramos la decisión tomada por el Gobierno central en el tema de la marina en Castillogrande, que había sido autorizada y que hoy afortunadamente ha sido revocada”, manifestó Duque; “me siento my complacido porque hicimos el acompañamiento y tocamos las puertas del Gobierno nacional, pero lo más importante es que Cartagena se unió en torno a este tema; comunidades como las de Castillogrande y la de Bocagrande dijeron no, y yo como alcalde escuché sencillamente ese planteamiento por temas viales, de seguridad y ambientales, entre otros, y el Gobierno nacional escuchó el clamor de Cartagena”.

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