Hallazgo sobre comisión de éxito, apenas la primera perla de un rosario de irregularidades

Por Carlos Ardila González

Tal como lo informó la propia Contraloría General de la República a través del Comunicado de Prensa No. 88, el ente de control fiscal detectó un posible detrimento patrimonial de $2.500 millones en la Alcaldía de la Ciudad Heroica por “una contratación injustificada, innecesaria, desventajosa, ineficiente y desfavorable para los intereses del Distrito de Cartagena de Indias“.

El hallazgo se detectó en una Actuación Especial de Fiscalización adelantada por la Gerencia Departamental de la Contraloría General en el Departamento de Bolívar, sobre el Contrato No. 011 de 2014, suscrito para el ‘apoyo financiero y estratégico al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias’“, se indica en el remitido.

Sobre el escandaloso pago por una comisión de éxito pactada durante la Administración de Dionisio Vélez Trujillo por gestionar “un endeudamiento que ya había sido planeado y autorizado“, como establecieron los auditores durante la investigación, se pudo determinar -además – que la “autorización del Concejo no fue para prima de éxito” y que el objeto de contratación fue absolutamente inocuo ya que “no se necesitaba hacer” (leer Comunicado Completo).

Como se recordará, luego de que el concejal David Múnera Cavadía, el dirigente gremial William Murra Babún, el periodista Álvaro Anaya Díaz y los voceros de la Corporación Cartagena Visible CCV, entre otros, denunciaran públicamente presuntas irregularidades durante el gobierno de Dionisio Vélez, la Comisión Quinta del Senado de la República, por iniciativa de la congresista Daira Galvis Méndez , le solicitó a la Contraloría realizar un control excepcional al manejo de $250 mil millones en la ejecución de obras seriamente cuestionadas; a la ejecución del contrato de clausura y posclausura del relleno sanitario de Henequén por cerca de $5.500 millones; y a la administración de los subsidios y contribuciones de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado por parte de la empresa Aguas de Cartagena -Acuacar, a la cual -además – se le prorrogó el contrato por 14 años adicionales, a pesar de faltar seis años de su vencimiento.

Y el contralor Edgardo Maya Villazón atendió la solicitud del Senado mediante el Auto No. 0RD-80112-0409 del 15 de septiembre de 2016, ordenando que el control excepcional lo asumiera la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar (leer ‘La Contraloría General realizará un control excepcional al gobierno de Dionisio Vélez‘).

Una comparación para entender ‘donde estuvo la bolita’

Para los días en que Múnera, Murra, Anaya y los miembros de la CCV denunciaban lo que, según ellos, era una incontrovertible irregularidad, en varios escenarios se expuso el caso comparando dos empréstitos gestionados para la misma época: uno por la Alcaldía de Cartagena y el otro por la Gobernación de Bolívar.

El gestionado por la Administración de Juan Carlos Gossaín {por $100 mil millones, realizado ante el Banco Popular ($30 mil millones), el BBVA ($30 mil millones), Corpbanca ($30 mil millones) y el Banco de Bogotá ($10 mil millones)}, fue tramitado directamente por el entonces secretario de Hacienda y el tesorero departamental, quienes ‘negociaron’ sin necesidad de intermediarios las cuantías, tasas de interés y líneas de crédito.

Pero el gestionado por la Administración de Dionisio Vélez {por $250 mil millones, realizado ante el Banco Popular ($25 mil millones), el Banco de Bogotá ($32 mil millones), el Banco de Occidente ($32 mil millones), Colpatria ($36 mil millones), AV Villas ($25 mil millones), el Banco Agrario $100 mil millones) y una séptima entidad bancaria, sin determinar, por $20 mil millones}, no fue gestionado por los funcionarios de la Secretaría de Hacienda sino por una firma barranquillera: SPS Asociados SAS, presentada en ese entonces como una supuesta banca de inversiones, representada por Javier Cardona Arias, por unos honorarios del 1% ($2.500 millones) más una comisión de éxito.

El hallazgo de la CGR, apenas la punta de un iceberg

Pero la “contratación injustificada, innecesaria, desventajosa, ineficiente y desfavorable para los intereses del Distrito” con una empresa representada por un contratista barranquillero, que había ocupado importantes cargos en la Administración de Alex Char y Elsa Noguera, no es la única con que se encontrarán los auditores de la CGR si deciden seguir hurgando en los procesos contractuales adelantados durante la Administración de Dionisio Vélez.

Javier Cardona (1o. a la izquierda) con la entonces alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera.

Con Javier Cardona Arias, quien luego llegó a ser subgerente financiero del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -Fonade – también con el respaldo, según se dice, de la poderosa Casa Char, el gobierno de ‘Ahora Sí Cartagena’ realizó otros millonarios contratos que también, según diversos denunciantes, tenían como objeto principal adelantar labores que bien pudieron realizar funcionarios de planta.

Uno de ellos fue para realizar “un estudio que consistió en copiar y pegar los principales apartes de un trabajo realizado durante más de un año por funcionarios de la propia Alcaldía” (<<< leer ‘Javier Cardona, un exfuncionario de Alex Char, el supercontratista de la Alcaldía de Cartagena’).

Y otro, suscrito con la misma firma barranquillera SPS Asociados SAS cuando ya no estaba al frente de la misma Cardona Arias, fue también otro gran regalo según el entonces concejal Múnera y varios veedores.

Se trató de un contrato suscrito por el entonces gerente de Transcaribe José ‘Pepe’ López Amarís por orden de la Junta Directiva de la entidad que presidía Vélez Trujillo, el cual le permitió a los afortunados contratistas ganarse casi $1.300 millones por gestionar un préstamo que, según los denunciantes, estaba plenamente garantizado.

Como Cardona Arias había sido nombrado en Fonade, este nuevo contrato fue suscrito por Carlos Andrés Mercado García, un ciudadano identificado con una cédula de ciudadanía de El Guamo, Bolívar (leer Denuncian otro regalo a una firma barranquillera: la vuelven a contratar para que diligencia ante la banca un préstamo que está completamente garantizado‘).

Que la Fiscalía también investigue

Al conocer el hallazgo de la CGR, el exconcejal David Múnera Cavadía, en declaraciones a Caracol Radio, manifestó que la Fiscalía General de la Nación debería investigar por el presunto delito de peculado al exalcalde Dionisio Vélez y a los funcionarios que participaron en esos casos.

En sus declaraciones, Múnera recordó que, siendo concejal, “uno de los debates que adelanté contra la administración de Dionisio Vélez fue precisamente el pago de esta comisión de éxito por 2.500 millones de pesos, que me parecía que era una absoluta vagabundería por parte del Gobierno, de pagarle a una firma barranquillera muy allegada al alcalde Alex Char ese dinero (leer ‘Fiscalía debe investigar por peculado a Dionisio Vélez: Múnera’).

Contexto:

– La Contraloría General realizará un control excepcional al gobierno de Dionisio Vélez

– Con un informe de Funcicar como prueba, la Fiscalía deberá investigar irregularidades en unas obras civiles

– El basurero de Henequén, una bomba de tiempo y un ejemplo de corrupción

– Por prorrogar contrato con Acuacar a seis años de su vencimiento, solicitan a los órganos de control investigar al alcalde de Cartagena

– Relleno de Henequén, también ejemplo de uno de los problemas más urgentes que deberá resolver el alcalde

– Lupa a obras del ‘Ahora Sí’, Concejo realizará debate de control político

– Denuncian otro regalo a una firma barranquillera: la vuelven a contratar para que diligencia ante la banca un préstamo que está completamente garantizado

– El Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal sigue encontrando irregularidades

– Al tiempo que el Concejo, casi en pleno, respaldó la prórroga con Acuacar, en la PNG fue interpuesta una queja

2 Comments

  1. samaritano dice:

    Cárcel para los políticos LADRONES ESTAFADORES. Que más, si aquí no existe ningúna​ justicia dura. Bendiciones.

  2. mirta miranda dice:

    Y no pasara nada ahora compran jueces fiscales y quedaran siendo mas rico pobre c.gena no tiene doliente la policia siguiendo a los ladronzuelos si los mas malos se sientan en el salon principal de la alcaldia y otros los honorables concejales que verguenza

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