Las palabras de la política o la política de las palabras

Por Daniel E. Flórez Muñoz *

En una ocasión le preguntó un periodista a Miguel de Unamuno: “¿Cree usted en Dios?”, a lo que el escritor español respondió: “dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios y le luego le puedo contestar”. Muchas veces buena parte de los conflictos tienen su raíz en problemas de comprensión de aquello que el otro quiere, siente o espera de nosotros. La política, al ser una actividad necesariamente comunitaria, nos exige abrir siempre nuevos horizontes de sentido para poder comprender de forma plena las experiencias de sufrimiento y las necesidades del pueblo al que representa desde las diferentes instancias del poder público. No extraño, por lo tanto, que la primera gran virtud de un buen gobernante es siempre poder escuchar la voz de su pueblo.

La palabra es el puente que permite la traducción de las necesidades de las comunidades en las decisiones de sus gobernantes. Pero, más que eso, la palabra también posibilita la comprensión de nuestra propia realidad; no olvidemos que conocemos nuestro mundo cuando aprendemos a nombrarlo. “El límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje” diría el filósofo Wittgenstein. No obstante, el problema es qué hacer cuando el poder político pretende imponer un uso del lenguaje en el que se cierra toda posibilidad de denuncia, cuestionamiento o confrontación al poder instituido. No podemos tomar conciencia de nuestras necesidades sino tenemos un nombre para ellas, sino podemos nombrarla. Es esta la dimensión genuinamente política y liberadora de la palabra en el pueblo, permitirle a este poder construir su propia realidad y con ella sus propias denuncias y reclamaciones, siempre y cuando el mismo no ceda ante los embates de la manipulación que los medios de comunicación y las siempre serviles agencias de opinión política, orquestan desde su lisonja al poder, y pueril pretensión de maquillar con palabras una realidad que escapa -hoy más que nunca -a cualquier posibilidad de domesticación pacífica.

Atrevernos a llamar las cosas por su nombre debe ser el primer gran desafío de una política que se pretenda a sí misma renovadora o de transformación. Así como el Dios del Antiguo Testamento crea el mundo nombrándolo, de la misma forma hoy el pueblo bolivarense está llamado a asumir la tarea de denunciar aquello que marcha frente a sus ojos pero que no cuenta con las palabras para ser verdaderamente denunciado. Es necesario recuperar nuestro lenguaje, la fuerza de movilización de las palabras, luchas por el sentido político de la palabra frente a la tecnocracia que pretende reducir los asuntos más importantes del Departamento a problemas puramente técnicos, donde solo los especialistas tienen lugar y en los que el pueblo solo debe escuchar en silencio. Es necesario confrontar aquella casta política que desde su decrepitud y ausencias de alternativas espera mantener intacto el mundo que han sabido imponernos a imagen y semejanza de sus mezquinos intereses, siempre disfrazados bajo la rúbrica de bien común, del progreso y del desarrollo, siempre justificado a través de la manipulación de la palabra, confiando en que si desaparecen las palabras nocivas desaparecen también los problemas que sus decisiones generan en el grueso de la comunidad.

Esa clase política a la que hago mención, son los mismos que hoy hablan de “crecimiento cero” para referirse al estancamiento del modelo productivo imperante; hablan de “bacrim” para referirse a paramilitares, son los mismos que hablan de “falsos positivos” para referirse a asesinatos extrajudiciales; hablan de “inmigrantes internos” para referirse a desplazados víctimas del conflicto armado. Hablan de “cristianismo” para referirse las más baja forma de manipulación política en la que puede caer un pueblo sediento de espiritualidad. Hablan de “política” para referirse al guiño que los mismos con las mismas hacen cada cuatro años, en ese momento en el que es necesario refrendar el sistema de privilegios al que ellos y sus familias han reducido el Departamento de Bolívar en los últimos años. La manipulación de la palabra ha jugado como estrategia de manipulación de la realidad; tomar conciencia de ello es hoy supremamente necesario.

El Departamento de Bolívar debe poder aprender a hablar por sí mismo, atreverse a nombrar sus propios problemas y a partir de ahí poder tomar conciencia y participación en la superación de los mismos. La primera tarea política es, por tanto, ponerle nombre a nuestra indignación y etiqueta a nuestro sufrimiento, poder llamar las cosas por su nombre, poder decir que “elecciones” no es sinónimo de democracia y que esta solo puede pensarse como política referida al pueblo, referida a la gente y a sus necesidades, el mismo pueblo que muere impune y anónimamente en aquellos municipios y veredas donde la democracia solo llega en los tiempos en los que el candidato necesita refrendar lo que los inversionistas de su campaña ya han asegurado desde sus cuentas bancarias.

Entender que un cambio es necesario es entender que no podemos seguir hablando el mismo lenguaje que ha servido de instrumento para quienes desde su miopía política han creído que su reinado será para siempre, que el departamento les pertenece. Si usted todavía se pregunta por qué razón ningún político ha asumido la tarea de tomar cartas sobre los asuntos más importantes que como departamento afrontamos, permítame decirle que la respuesta es sencilla: porque en primer lugar, ¡ellos mismos son el asunto! Es nuestro momento como departamento de exigir respuestas, liberarnos del peso muerto de una casta que impide que la ciudadanía activa pueda asumir los derroteros de construcción de un Bolívar verdaderamente para todos y, por supuesto, de seguir caminando hacia un nuevo porvenir. Hoy más que nunca el Departamento de Bolívar debe pensar en gente, y debe seguir caminando.

* Docente Investigador, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Cartagena. Activista en Derechos Humanos. Candidato a Magister en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional, Universidad de Génova. Estudiante de Maestría en Derecho, Universidad de Cartagena.

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