Olimpo Vergara, a defenderse en su casa de las acusaciones de la Fiscalía… y de la Procuraduría

 
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La Fiscalía Seccional de Cartagena tiene en su poder documentos que probarían que el exdirector de la Oficina de Control Urbano de Cartagena, Olimpo de Jesús Vergara Vergara, habría cometido los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por omisión, al no cumplir con la diligencia debida su labor de vigilancia y control a varias construcciones de la ciudad, entre ellas el edificio Blas de Lezo II que se desplomó el pasado 27 de abril ocasionando la muerte de 21 obreros.

De acuerdo con un comunicado de prensa emanado del ente investigador, durante la correspondiente audiencia de imputación de cargos “la Fiscalía señaló que el exfuncionario no habría cumplido con la obligación de visitar la obra y levantar las actas correspondientes” y “por eso no se percató de las irregularidades y riesgos que se presentaban, como la falta de dotación a los obreros y su no inclusión al sistema de seguridad social”.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez

Asimismo, se indica en el remitido que el ente acusador “también reveló que durante el allanamiento a la residencia de Vergara Vergara, realizado hace nueve días, fueron encontrados varios documentos que sirven de evidencia en su contra. Uno de ellos es una petición para anular y revocar la licencia de construcción a un proyecto que violaba las normas urbanísticas, a la que habría dado trámite y respuesta”, lo cual “demostraría que, en su condición de funcionario, conocía las competencias de su cargo y sabía que podía intervenir ante las inconsistencias en la construcción del edificio Blas de Lezo II”.

Con esas pruebas, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento la Fiscalía le solicitó al Juez Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías, José Luis Robles, que decretara como medida preventiva la detención intramural del imputado. El togado, sin embargo, decidió otorgarle detención domiciliaria.

Tal como se atrevieron a vaticinar diversas fuentes de este portal, al parecer el juez no envió a la cárcel a Vergara por varias de muchas razones, entre ellas porque finalmente fue él quien se entregó al Cuerpo Técnico de Investigación -CTI – de la Fiscalía; porque no tiene antecedentes penales; porque, al no estar ya al frente del cargo desde el cual habría cometido los supuestos punibles, no está en condiciones de alterar pruebas; y porque, según diversos testimonios, no representa un peligro para la sociedad. Pero al parecer tampoco se fue al otro extremo dictándole medida no privativa de la libertad porque, lamentablemente para el exfuncionario, desde el pasado 2 de junio, cuando se dio a conocer la orden de captura en su contra, estuvo rehuyéndole a las autoridades, y porque por las diversas pruebas presentadas por la Fiscalía podría inferirse que sí tiene responsabilidad, al menos por omisión, en los trágicos hechos por los cuales la opinión pública clama pronta justicia.

En consecuencia, Vergara seguirá vinculado a la investigación penal, que involucra igualmente al constructor del edificio desplomado: Wilfran Enrique Quiroz Ruíz; a su hijo: el estudiante de arquitectura Luis David Quiroz Camero; al maestro de obras Luis Eduardo Agresor Torres, todos los cuales se encuentran detenidos y cobijados con medida de aseguramiento intramural; y al inspector de la Comuna 12 de la ciudad, Alfonso Ramos de León, contra quien también se expidió orden de captura pero aún no ha sido localizado.

El proceso en la Procuraduría

El procurador general Fernando Carrillo Flórez

Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación adelanta un proceso disciplinario contra del alcalde de Cartagena Manolo Duque Vásquez; la alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía Patricia Zapata Negrete; la exsecretaria de Planeación del Distrito Luz Elena Paternina Mora; el exdirector de Control Urbano Olimpo Vergara Vergara; el suspendido inspector de la Comuna 12 de la ciudad Alfonso Ramos de León; y los funcionarios Ricardo Castellar Pérez, Gilberto Marrugo Maldonado y Jorge Luis Cudris Pájaro.

En todos los casos, el Ministerio Público busca establecer el nivel de responsabilidad administrativa de los citados funcionarios y exfuncionarios en las presuntas irregularidades cometidas, por acción u omisión, en torno al seguimiento y control a las construcciones ilegales en la ciudad.

Como hecho curioso, se supo que, durante la revisión que por vía de consulta realizó la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, el apoderado de la alcaldesa local Patricia Zapata, involuntariamente, complicó el caso del exdirector de Control Urbano, ya que al alegar que su defendida no tenía responsabilidad en la tragedia de Blas de Lezo probó testimonial y documentalmente que esta “desde el 1 de agosto de 2016, por mandato expreso del Decreto 1110, dejó de tener bajo sus funciones las atribuciones relativas al control y vigilancia de las obras de construcción (…) pues las mismas fueron delegadas al director administrativo de Control Urbano”.

No obstante, para la Procuraduría determinar si “para la época de los hechos o con anterioridad a la ocurrencia de los mismos le incumbía o no a la alcaldesa local la obligación de ejercer vigilancia y control sobre la edificación en construcción que se desplomó” le corresponderá en su momento a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa”.

En el curso del proceso, el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, informó que la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa había observado “conductas que podrían estar consagradas en la Ley como hechos punibles”, por lo que ordenó compulsar copias de los hallazgos a la Fiscalía General de la Nación (leer ‘PGN compulsa a la Fiscalía copia de pruebas contra funcionarios del Distrito de Cartagena‘).

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Contexto:
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