Defensor de Manolo Duque pide a la Fiscalía agilizar procesos contra su cliente

 
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Desde el año 2016, la Fiscalía Seccional de Cartagena adelanta diez investigaciones preliminares contra el alcalde de Cartagena, Manolo Duque Vásquez, varias abiertas de oficio y otras por denuncias de unos veedores.

Y con alguna frecuencia, en los corrillos políticos se asegura que alguno de los procesos podría ‘reventar’ en contra del mandatario de los cartageneros, como sucedió, aunque en materia disciplinaria, con el caso del desplome de un edificio en Blas de Lezo.

Por ello, como lo admite en uno de los párrafos de su oficio, el defensor técnico de Duque Vásquez, al abogado penalista Juan Carlos Cabarcas Muñiz, le pidió a la fiscal seccional No. 53 de Delitos contra la Administración Pública, Liliana Margarita Velásquez Trespalacios, que “se sirva impulsar el trámite de los asuntos (…) en donde (…) mi representado aparezca como indiciado y que se encuentran a su cargo”.

En su carta, el conocido jurista manifiesta que “hemos pedido que se termine la indefinición procesal. Mi representado no puede estar de manera indefinida e interminable en condición de sub-júdice. Recuérdese que mi patrocinado judicial es el alcalde de Cartagena y este limbo jurídico e incertidumbre judicial no le sirve ni a la Fiscalía como aparato persecutor del Estado, ni al burgomaestre que represento, ni a la sociedad toda que requiere de una administración judicial pronta, recta y dinámica”.

Cabarcas Muñiz advierte que “lo anterior se agrava en punto a que esa indefinición o limbo jurídico, está orbitada por comentarios de pasillo que advierten decisiones en contra de los intereses de la persona a quien vengo representando”.

Solicita el penalista que “donde haya que imputar que se impute”, y que “donde haya que archivar que se archive, pero es importante que se adelanten las averiguaciones que tengan que ver o que de alguna manera vinculen al señor alcalde”.

En su escrito, Cabarcas le pide a la fiscal seccional que “no mire esto como un reto o un desafío” pero “entienda que a un servidor que maneja los destinos de la ciudad no le pueden gravitar (…) comentarios de pasillo que perturben la tranquilidad no solo personal sino de la sociedad toda”.

El penalista indica en su oficio que la voluntad de Duque Vásquez ha sido y es “comparecer y colaborar con la administración de justicia”.

En diálogo con Revista Metro, Cabarcas Muñiz reiteró que “el propósito del alcalde es ratificar la confianza que tiene en la Fiscalía General de la Nación (…); la idea de ponerse a disposición de la Fiscalía no es otra que mostrar la voluntad de comparecer y de colaborar con las investigaciones en cuanto fuere requerido”.

El abogado le señaló a este reportero que “desde el mes de diciembre del año pasado el señor alcalde se puso a disposición del señor fiscal general de la Nación y de la Fiscalía Seccional”. La idea, aclaró, es que se sepa que “no estamos evadiendo ni esquivando la responsabilidad de entregar las informaciones que se requieran”.

Contexto:

1 Comment

  1. Rosario Rada dice:

    Frases incoherentes del entonces superintendente de Notariado y Registro (e), Jairo Mesa Guerra, al respecto del Portal de Blas de Lezo I y otros:

    “(…) No solo los propietarios de los apartamentos del edificio Portales Blas de Lezo I podrían perder su propiedad ya que (…) “son personas que están ocupando de manera ilegal un edificio que no cumple con las normas de construcción y que se puede desplomar (…)”, pero igualmente declaró a EL UNIVERSAL que las personas víctimas deben denunciar a los constructores, y que esas personas no “(…) están ocupando de manera ilegal un edificio (…)”, ya que fueron engañadas”.

    El Estado Social de Derecho está en la obligación de resolver el asunto en Equidad. Y el hecho que el edificio no cumple con las normas de construcción y que se puede desplomar no hace a sus compradores y ocupantes, culpables. Por el contrario. El Gobierno, el Estado Social de Derecho debe resolver el asunto en Equidad.

    ¿Acaso este agente estatal, desconoce que los funcionarios que conocen hechos típicos de delitos deben denunciar de oficio? ¿En dónde está la calidad humana y académica de los funcionarios que presumen de especializaciones, doctorados y maestrías? ¿Ya se iniciaron las investigaciones contra los alcaldes anteriores a Manolo?

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