Nueva condena a exrector de la UdeC remueve vínculos con recientes directivos

La Contraloría General de la República profirió una condena con responsabilidad fiscal contra dos exgobernadores del Departamento de Casanare y curiosamente también, de forma solidaria, contra quien para la época de los hechos era rector de una lejana institución universitaria: la Universidad de Cartagena.

Contra uno de los dos exgobernadores, el más reciente: Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, el fallo proferido es por la suma de $59.460 millones, que corresponden al daño patrimonial causado durante la culminación de las obras del Hospital Nuevo de Yopal, Casanare, y su correspondiente dotación de equipos biomédicos y mobiliarios.

Al otro exgobernador: William Hernán Pérez Espinel, lo cobija el fallo de forma solidaria y a título de culpa grave por una cuantía indexada de $34.875 millones, por haber contratado la construcción del hospital sin licencias, ni vías de acceso, ni acometidas de servicios públicos, y por haber recibido la obra sin haberse concluido.

Similares consideraciones tuvo la Contraloría para cobijar por la misma suma, y con las mismas calificaciones, al entonces rector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, entidad que, bajo la figura de unos cuestionados convenios interadministrativos, fue la encargada de la ejecución de las obras.

Tanto en el fallo de primera instancia como en este: proferido el pasado 5 de junio, se señala que Pérez Espinel y Hernández Gamarra desconocieron todos los principios aplicables a la contratación estatal con la suscripción y ejecución de un contrato cuyo monto inicial fue de $47.970 millones, en el cual hubo que invertir $19.341 millones adicionales de recursos de regalías.

El fallo de primera instancia fue proferido (también en contra de los exgobernadores Flórez Chávez y Pérez Espinel, así como contra el exrector Hernández Gamarra), por la contralora delegada intersectorial No. 16 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Y el fallo definitivo fue decidido en grado de consulta por el contralor general, Edgardo Maya Villazón.

En el caso del exrector de la UdeC, la obra por la que fue condenado fiscalmente es apenas una de las más de 50 por las cuales fue investigado por los distintos órganos de control.

Como se recordará, Sergio Hernández fue condenado por el Tribunal Superior de Yopal a 15 años, 1 mes y 15 días de prisión, luego de que un fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administración Pública apelara la absolución proferida por un juzgado de la capital casanareña (leer ‘ Condenado a 15 años de prisión ex Rector de Universidad de Cartagena’).

A Hernández Gamarra se le investigó y condenó a pena privativa de la libertad por hechos relacionados con un convenio interadministrativo suscrito en el 2002 entre la Universidad de Cartagena y el entonces gobernador de Casanare, William Pérez Espinel.

En virtud de dicho convenio, la UdeC debía administrar los recursos de 52 proyectos del Departamento de Casanare, entre ellos la construcción de vías, hospitales, estadios y tendidos de redes eléctricas.

Según los fiscales del caso, y tal como terminaron de establecer los magistrados del Tribunal Superior de Yopal, Hernández, el entonces rector saltó por encima de la Ley de Contratación, probándose su responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación al determinarse -además – que hubo sobrecostos por más de $834.666 millones.

Pero el caso de Casanare no fue el único que envió a la cárcel al cuestionado exrector. Por varios hechos acaecidos en Cartagena, el Tribunal Superior de Justicia confirmó en segunda instancia una pena de cinco años de prisión impuesta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena a Sergio Hernández Gamarra y a los entonces gerentes de Corvivienda, Amparo Álvarez de Franco y del Establecimiento Público Ambiental, Édgar Mateus Hernández (leer ‘Tribunal deja en firme condena contra exrector de Unicartagena y exgerente de Corvivienda’).

Unicartagena, la gran constructora

Pero los hechos referidos no fueron los únicos por los cuales Sergio Hernández fue cuestionado y en algunos casos investigados. Además de los más disímiles proyectos en Casanare, la UdeC suscribió convenios para desarrollar la renovación urbana en Puerto López, Meta; para recuperar la capa vegetal del Cerro de la Popa, en Cartagena; para instalar los sistemas de sonido e iluminación del salón elíptico en el Capitolio Nacional y hasta para venderle carros blindados al Congreso. En todos los casos, lo que llamó la atención tanto de las autoridades como de un sector de la opinión pública fue que ninguna de esas actividades tenían que ver con los fines misionales del centro de educación superior.

En un documentado informe de la revista Semana se advierte que “aparte del caso de Casanare” se pudo establecer “que esta empresa gestionó para la Universidad de Cartagena negocios con los municipios de Chinú, en Córdoba; Cáqueza, Zipaquirá y Jerusalén en Cundinamarca; Puerto López, en Meta, además del Departamento de La Guajira, entre otros” (leer ‘La gran constructora’).

Se refiere el influyente medio de comunicación a una empresa llamada ‘Sociedad Servicios de Ingeniería S.A. -SDI, la cual “al revisar la forma como se ejecutaron estos contratos”, Semana encontró que es la firma con la que la Universidad de Cartagena trabaja de la mano.

De acuerdo con la revista, el representante legal de SDI es Julio Parra, y uno de los ingenieros que estaban al frente de una de sus gerencias era Alfredo Raad.

Un cuestionado parentezco

Para la época en que se adelantaban las investigaciones que concluyeron con las condenas a Sergio Hernández Gamarra, este, “en oficio enviado a la Corporación Cartagena Visible, reconoció que el vicerrector académico Édgar Parra Chacón sí es pariente de los hermanos Parra Ardila, uno de los cuales, Julio César, es el representante legal de la firma SDI, la empresa a la que la Universidad encarga la ejecución de todos los convenios que suscribe”.

Para algunos entendidos, el parentesco del vicerrector del alma máter con el mayor contratista de la entidad no representa una violación al régimen de incompatibilidades e inhabilidades. Si acaso, lo que aquí podría existir es un asunto de mera ética o moral. Pero el caso de Julio César Parra y su señora Yarima Barraza, sumado a los otros hechos ‘bastante singulares’ denunciados por Aciem, sí es, para los mismos analistas, ‘una telaraña bien tejida que debe ser desenredada por alguna autoridad’, publicó la revista Metro en la nota ‘Telaraña de contratos en Unicartagena’).

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