Susto por amenaza de carcelazo a Londoño remueve omisión de comisión de empalme

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Los fallos de los jueces de tutela ordenando el arresto de funcionarios de los distintos niveles, imponiéndoles sanciones por presuntas omisiones que a todas luces ellos no cometieron, ponen sobre el tapete un posible vacío de la Ley, el cual produce situaciones que, como estas, son vistas por la opinión pública como absurdas y, sobre todo, injustas.

Pero un reciente fallo: el de una acción de tutela ordenando el arresto del alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, e imponiéndole -además – una sanción pecuniaria, ha destapado también otras falencias.

De acuerdo con el juez tercero de pequeñas causas laborales de Cartagena, Neil Díaz Lecompte, el suspendido mandatario Manolo Duque Vásquez no respondió de manera precisa y completa una petición de información sobre el destino de los $250 mil millones prestados a la banca local por el mandatario anterior, Dionisio Vélez Trujillo, con el fin de desarrollar unas obras que están en entredicho.

Y por esa supuesta desatención de Duque Vásquez, el togado dispuso que Londoño Zurek, quien asumió sus funciones desde apenas el pasado 24 de mayo, fuera arrestado dos días y pagara una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Adolfo Raad Hernández

Como se ha informado, la acción de tutela y el respectivo incidente de desacato fueron presentados por el exconcejal Adolfo Raad Hernández, quien fuera destituido por la Procuraduría General de la Nación, e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 12 años, por irregularidades cometidas cuando en el 2004 se desempeñaba como presidente del Concejo del Distrito (hacer click).

El fallo se elevó a consulta ante los jueces laborales del Circuito de Cartagena, de conformidad al inciso 2 del artículo 52 del decreto 2591 de 1991, luego de que el secretario de Infraestructura del Distrito, José Santiago Carrasquilla Sotomayor, le enviara al juez Díaz Lecompte “copia de la respuesta de fondo del Derecho de Petición con sus anexos en medio magnético y escrito, enviada por correo certificado y recibida por el peticionario”, la cual fuera remitida al accionante el pasado 9 de junio.

De ser precisa y completa la información entregada por el funcionario al solicitante, el fantasma de un carcelazo al alcalde encargado deberá desaparecer. No obstante, el susto a Londoño podría dejar en evidencia la obstinación de algunos funcionarios públicos en no ‘poner espejos retrovisores’, como eufemísticamente llaman al deber de constatar, en todos los casos, que sus antecesores hayan manejado correctamente los recursos puestos a su cuidado.

Al margen de este caso en concreto, lo que pudo conocerse luego de escuchar los conceptos de fuentes del movimiento ‘Primero la Gente’ es que desde el comienzo de la actual Administración del Distrito se puso al descubierto que la Comisión de Empalme integrada por Duque tras su triunfo en octubre de 2015 no dejó claramente establecidos cuáles fueron los ‘chicharrones’ heredados por el alcalde titular de su antecesor (leer ‘Empalman el ‘Ahora Sí’ con el ‘Primero la Gente’).

En el caso de la información solicitada por Raad Hernández en las áreas de salud, educación y vías, lo que este portal pudo saber es que, al menos en estas, la coordinación de la Comisión de Empalme no cumplió su deber de poner en conocimiento del alcalde Manolo Duque las irregularidades detectadas, y en algunos casos los documentos de los procesos contractuales y de supervisión de obras han sido engavetados.

En el caso de la subcomisión de obras públicas, se conoció que algunos de sus integrantes, entre ellos la actual asesora de Servicios Públicos, Clara Calderón, tuvo roces con el entonces secretario de Infraestructura, Mario Ramos, al parecer por no atender este oportunamente las peticiones de documentos, y en todo caso dejaron plasmadas en un informe las irregularidades detectadas, entre ellas los injustificados retrasos en numerosas obras, varias de las cuales fueron inauguradas con bombos y platillos sin estar concluidas.

Como se dijo, la Comisión de Empalme, por parte del movimiento ‘Primero la Gente’,  fue coordinada por el exrector de la Universidad de Cartagena, Germán Sierra Anaya, quien posteriormente fuera nombrado secretario de Educación del Distrito y un año después, por desavenencias con el alcalde, fuera separado del cargo.

“El hecho es que, al margen de lo sucedido con este incidente de desacato, se pudo conocer que hay información relacionada con hechos de la Administración de Dionisio (Vélez) que algunos funcionarios vienen tapando, con lo cual van a terminar perjudicando a Manolo (Duque) o a quien esté al frente de la Alcaldía”, manifestó un funcionario de planta que dice tener razones para saberlo; “yo lo que creo es que saben que esa información compromete enormemente a Dionisio y confían en que permanezca siempre oculta”.

Contexto:

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1 Comment

  1. Dairo cardenas dice:

    Unos de los que deben responder por el caso de Blas de Lezo son los inspectores que visitaron la obra, ya que por ellos ocultar la informacion de las falencias de dicha construccion pasó la tragedia.

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