Las contradicciones de la Fiscalía y los jueces de control de garantías

fortichPor Neil Fortich Rodelo *

La crisis carcelaria en Colombia no es nueva. Hace 19 años la Corte Constitucional mediante sentencia T-153 de 1998 declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, impartiendo en consecuencia nueve órdenes a las diferentes autoridades autoridades públicas, entre las cuales destacamos la de diseñar un plan de construcción y refacción carcelaria e implementarlo; un lugar especial para los miembros de la fuerza pública; separar a los sindicados de los condenados; investigar la falta de presencia de los jueces de ejecución de penas y medidas, entre otras, que aún no se han cumplido.

Nuestro tribunal constitucional ha reiterado que “la restricción del derecho a la libertad debe estar plenamente justificada”. Asimismo, ha enfatizado que “al igual que la dignidad humana y la igualdad, la libertad tiene una naturaleza polivalente en el ordenamiento jurídico colombiano, pues se trata de manera simultánea de un valor, un principio y, a su vez, muchos de sus ámbitos son reconocidos como derechos fundamentales plasmados en el texto constitucional.”

El abuso de la detención preventiva es un problema regional, siendo Bolivia, Brasil, Chile y Colombia los países con el mayor número de presos preventivos de acuerdo al informe “sobre el abuso de la privación preventiva de las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2013.

El fracaso del sistema penal acusatorio colombiano se evidencia en el irrespeto a uno de sus principales pilares: el principio de presunción de inocencia, que se traduce en que toda persona debe permanecer en libertad mientras se adelanta el juicio, salvo las taxativas excepciones estatuidas en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal.

La capacidad de los 138 centros penitenciarios en Colombia es de 79.953 cupos y, según la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento en el país está entre el 150% y el 450%; y un gran porcentaje de los reclusos tiene condición de sindicados, es decir: no están condenados.

El ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación han propuesto recientemente despenalizar algunos delitos por considerar que son de menor entidad, de poca repercusión social o de bagatela, hecho que comparto plenamente por varias razones: generalmente no representan peligro para la sociedad, garantizan la comparecencia al proceso y no tienen condiciones para fugarse que son, al fin y al cabo, los presupuestos o requisitos que justifican la detención preventiva de acuerdo con la ley, la jurisprudencia y los tratados internacionales.

Pero resulta que, para la Fiscalía General de la Nación y los jueces de control de garantías, quienes cometen delitos de poca repercusión social la mayoría sí son peligrosos y los envían sin el mayor análisis a las hacinadas cárceles, donde no hay infraestructura para separar a los condenados de los sindicados, donde no se garantiza la resocialización que es el fin esencial de la pena y donde el que entra no siendo peligroso en muchos casos sale graduado como un gran criminal.

El problema no se acabará construyendo más cárceles como varios altos funcionarios lo propuesto; los tres niveles de gobierno deben invertir más en Educación, como lo han hecho Holanda y Suecia, para acabar con el problema de fondo. Mientras que el primero alquila los centros de reclusión a otros Estados porque no hay presos, el segundo los ha ido cerrando por la misma causa.

La creciente corrupción también es responsable del colapso del sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Los presos tienen estratos. Quien paga a los guardianes tienen no solo tiene licencia para pasarla bien sino hasta para seguir delinquiendo.

En la cárcel de San Sebastián de Ternera, por ejemplo, no hay personal suficiente para atender los graves problemas de salud que afrontan un gran número de reclusos; no se está atendiendo en debida forma a los enfermos de sida, cáncer y tuberculosis, y el número de hombres de la guardia es insuficiente: 32 para custodiar a 2.200 internos. Allí, en este centro de reclusión, según la procuradora Paula Andrea Ramírez, la extorsión y el tráfico de armas y de drogas crece de forma galopante.

Otra razón de la crisis crcelaria es que a la mayoría de los alcaldes y gobernadores se les olvidó que están obligados legalmente a invertir en las cárceles: no pueden dejar el megaproblema- solo a la nación.

En conclusión: mientras que el ente acusador y los jueces de control de garantías no hagan un esfuerzo por determinar quiénes en verdad deben ir a la cárcel de manera preventiva, el circulo vicioso seguirá.

Resulta paradójico que en Cartagena, donde hay muchas personas privadas de la libertad de manera preventiva por delitos de bagatela, los responsables de la tragedia de Blas de Lezo, donde 21 obreros indefensos perdieron la vida y otros 22 resultaron heridos, anden tranquilos porque para la Fiscalía y los jueces de control de garantías estos si no son peligrosos.

* Abogado, Mg. en Derecho Público; expersonero distrital y docente universitario

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