La Popa de la Galera también es un tema de ciudad

Por Verena Lucía Guerrero Bettín *

En los últimos días mucho se ha hablado de grandes proyectos de ciudad como el de la Protección Costera, (claro ejemplo de lo que puede hacer la unión por encima de intereses partidistas), el de los Drenajes Pluviales, el de la Quinta Avenida de Manga y el de recuperación del Canal del Dique, entre otros, pero nada se ha dicho sobre el de la Popa de la Galera, sobre la que hay una reciente declaratoria de calamidad pública.

Por todos es sabido que la alarma lanzada desde el Concejo Distrital sobre el inminente desplome de una roca en El Salto del Cabrón, corroborada de manera preliminar con visitas e informes técnicos en los que participaron la Oficina Asesora Distrital de Gestión de Riesgo, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar -SIAB – y expertos de la Universidad de Cartagena y del Instituto Geológico Colombiano, dio pie para que el alcalde Manolo Duque declarara el pasado 21 de marzo la calamidad pública de que trata la Ley 1523 de 2012, por el término de seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por otros seis meses más, y puso sobre el tapete -por enésima vez- el progresivo deterioro del Cerro de la Popa causado por años de fenómenos incontrolados de invasión ilegal, desforestación, manejo inadecuado de basuras y socavamiento del talud, que han agravado su de por sí inestable composición geológica de origen calcáreo en su mayoría, según lo dicho por los expertos.

Nuestra intención al escribir esta columna, en primer lugar, es llamar la atención de las autoridades regionales y locales (gobernador, alcalde y concejo) y nacionales, de la bancada de congresistas bolivarenses, de los gremios y de los ciudadanos en general, para que todos entendamos que el peligro es real, que está en juego la vida de personas (sin que este sea el espacio para entrar a debatir el grado de responsabilidad que les cabe a cada uno por no atender el deber de autocuidado al exponerse al riesgo), la integridad de una parte del territorio declarado en el Plan de Ordenamiento Territorial como zona de reserva y de una joya arquitectónica colonial como es el Convento de Santa Cruz de la Popa, destino turístico obligado para propios y visitantes.

Específicamente, el llamado es que pasemos de las palabras a las acciones concretas, articuladas y bien direccionadas, distinguiendo lo que hay que hacer de manera inmediata y lo que debe planearse para la intervención integral de la Popa de la Galera a futuro. Se trata de visibilizar, lo que siendo tan visible, paradójicamente no vemos.

El Cerro de la Popa de la Galera y el Convento que lo corona son mucho más que un accidente geográfico o un bien de interés cultural y monumento nacional. Ambos han sido testigos mudos de la historia remota y reciente de la ciudad. Merecen ser rodeados, protegidos y defendidos. Son, por tanto, un tema de ciudad que amerita un tratamiento especial a través de la formulación e implementación de un Proyecto propio tendiente a su intervención.

Es inconcebible que una ciudad con una fuerte vocación turística como Cartagena tenga cerrado uno de los sitios de más interés, y sin fecha de solución para su reapertura a corto plazo. No se desconoce que la medida adoptada es sana en las circunstancias actuales y mientras se determina la real dimensión del riesgo, pero también es claro que el convento no es la causa eficiente del problema y su cierre no es la única medida posible. La trepidación de las chivas turísticas que acceden puede morigerarse permitiendo solo el ingreso de vanes o vehículos pequeños, una vez se establezca con mayor precisión el riesgo. Si la vibración que producen eventualmente afecta la estabilidad del cerro, debería pensarse en lo que el constante aterrizaje de aviones ocasiona, más aun por la proximidad de la pista del aeropuerto. ¿Alguien ha pensado en suspender la operación aérea?

Dada la multiplicidad de los actores públicos y privados a los que les compete el tema (bancada parlamentaria, Ministerio de Cultura, Gobernación de Bolívar, comunidad de Agustinos Recoletos, Alcaldía, Concejo, Corporación de Turismo y los habitantes de la zona de influencia a través de las respectivas Juntas de Acción Comunal, por citar algunos) y la confluencia de factores y circunstancias sociales, ambientales, culturales y hasta religiosas, se hace necesaria la realización de una Mesa Permanente que los aglutine para la construcción de una ruta crítica, que concluya con la formulación del Plan de Intervención Integral que se encargue de hacer el seguimiento de este proceso y que sea la garante de su ejecución.

Igualmente, llamo a la reflexión y a la acción a los funcionarios involucrados en la declaratoria de calamidad pública con competencias específicas y diferenciadas, para que sopesen las consecuencias de no ejecutar oportunamente las medidas contenidas en el Plan Específico de Acción, adoptado como resultado de dicha declaratoria.

Es preocupante que, dos meses después, las únicas medidas efectivamente ejecutadas por la Administración distrital sean las charlas de concientización y el sellamiento de la grieta en la roca fracturada, trabajo que se contrató por valor de algo más de $9.000.000.00, y la reciente firma de un convenio con la Universidad de Cartagena para el estudio específico del Salto del Cabrón, por valor de $360.000.000.00, cuyo plazo de duración es de cuatro meses, por lo que puede vislumbrarse que la declaratoria será extendida; otras, como la limpieza de las parrillas de contención ante un eventual desplome y de los canales, de acuerdo con el seguimiento que he hecho al respecto, no se ha ejecutado todavía, pese a ser una de las más necesarias de acuerdo con las recomendaciones dadas por el Instituto Geológico Colombiano y otras instancias especializadas. Sería bueno que la Administración pensara en acudir al apoyo de la Infantería de Marina para asegurar el perímetro no invadido aún, como medida de prevención; a la voz de intervención las invasiones se han disparado, como lo informó el diario El Universal en su edición del 10 de mayo.

La falta de presupuesto es inaceptable como justificación para la inejecución de las medidas, sobre todo de aquellas que sí tienen la virtud de mitigar el riesgo, porque precisamente la figura de la calamidad, por su excepcionalidad, amplía la capacidad de respuesta de las autoridades por la flexibilización de procesos presupuestales, contractuales y de intervención del territorio. Es preferible destinar recursos mediante movimientos presupuestales autorizados para atender el riesgo que hacerlo para atender una eventual catástrofe.

Nota al margen: Como cristiana católica practicante y cófrade de Nuestra Señora de la Candelaria, Patrona de Cartagena, resiento el silencio del arzobispo ante el cierre del único santuario mariano de la ciudad; qué pensará Francisco al respecto en su próxima visita.

* Abogada Especialista en Derecho Público Económico y Contencioso Administrativo.

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2 Comments

  1. Carlos Hernando Valencia dice:

    Buenas tardes, quisiera comunicarme con la doctora Guerrero, tengo interés en poder consultarle algo personal. Mil gracias

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