Construcción o desplome de confianza

Por Germán Danilo Hernández *

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses al alcalde mayor de Cartagena, Manuel Vicente Duque, genera reacciones que van desde la euforia triunfalista de enemigos y contradictores, hasta la indignación desbordada de algunos de sus amigos y seguidores.

En un extremo están quienes consideran que con la medida el alcalde pagará por todos los errores cometidos en su administración y con ella pasan facturas de cobro por cuentas pendientes políticas o personales, y en otro se ubican aquellos que con grosera soberbia han actuado como escuderos del mandatario, lo han inducido a errores y ahora buscan victimizarlo como estrategia de defensa.

También entran en escena los pescadores de río revuelto, quienes sin tener en cuenta las causas que motivaron la separación del cargo, mueven sus fichas al mas alto nivel, hacen apuestas abultadas sobre el no retorno y se frotan las manos celebrando por anticipado la conquista de un botín por vía de la interinidad o el remplazo definitivo que le sería entregado.

En una escala menos visible de esas reacciones están los ciudadanos que sin apetitos particulares, siguen confiando  en que a pesar de su bien ganado desprestigio, la justicia tenga asomos de mesura y actúe con independencia y sensatez, castigando a los responsables, sean quienes sean,  por los hechos que investiga y contribuya con ello a rescatar la decencia y eficiencia institucional.

No se puede perder de vista que independientemente de los aciertos o fracasos de la administración del alcalde, los hechos materia de investigación están relacionados con el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, las 21 víctimas mortales que causó, y la consecuente “revelación” de existencia de una mafia inmobiliaria.

Esa mafia que construye ilegalmente en todos los sectores de la ciudad, que actúa en contubernio con funcionarios de la administración, de  curadurías, notarías e inclusive de entidades financieras, entre otras, no nació con la Alcaldía de Manolo; su origen tiene tantos años como los pisos que ha construido ilegalmente.

Si al alcalde se le comprueban responsabilidades por acción u omisión en este proceso, y la suspensión es el inicio de una cadena de sanciones a quienes causaron de manera directa o indirecta la muerte  de tantas personas y a quienes por años se han lucrado de las construcciones ilegales, la comunidad sentiría que a pesar de su cojera eterna, la justicia comenzaría a llegar; pero si por el contrario la prontitud de la suspensión no se acompaña con otras medidas igualmente fuertes contra otros involucrados, y si la investigación es permeada políticamente, estaríamos nuevamente ante la fabricación de “chivos expiatorios”, que terminarían por hacer desplomar estrepitosamente la confianza en la justicia.

* Periodista y columnista, jefe de Comunicaciones y Cultura Proyecto Laboratorios Vivos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe.

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