Al Gobierno Nacional también le preocupan los efectos de una larga interinidad en Cartagena

La preocupación por las consecuencias para Cartagena y los cartageneros de un periodo de parálisis administrativa como el que se padeció tras la suspensión de Campo Elías Terán por parte de la entonces contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, le asiste por lo visto no solo a amplios sectores de la dirigencia local (hacer click) sino también al propio gobierno de Juan Manuel Santos.

Ayer, durante una rueda en el salón Vicente Martínez Martelo del Palacio de la Aduana, a la que convocó para anunciar inversiones en materia de seguridad, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, manifestó que “respeto la decisión de la Procuraduría pero no la comparto, y espero que el alcalde de Cartagena salga bien librado de esta situación”.

Con el claro propósito de tranquilizar a los líderes politicos, gremiales y comunitarios de la ciudad que han comenzado a inquietarse por la posibilidad de que ciertas fuerzas políticas, desde el interior de la República, puedan aprovecharse de la coyuntura en sus propios beneficios afectando el interés mayoritario de los cartageneros, el alto funcionario nacional aseguró que no solo se procederá a realizar una designación “teniendo el mayor cuidado para escoger a la mejor persona”, sino que esta deberá respetar “el programa de gobierno que ya está establecido en Cartagena”.

“La interinidad le hace mucho daño a Cartagena”: Cristo

El ministro fue reiterativo a expresar que “la interinidad  le hace mucho daño a esta ciudad”, por lo cual “no hay ningún afán del Gobierno Nacional de montar un nuevo Alcalde”. “Manolo seguirá cumpliendo sus tareas hasta que llegue el momento de la notificación”, señaló.

Justamente, mientras se realizaba la rueda de prensa con el ministro Cristo, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, y el alcalde de Cartagena, Manolo Duque Vásquez, se conoció que una funcionaria de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa: Estéfany Romero Cárdenas, había notificado la suspensión del mandatario de los cartageneros a la Gobernación de Bolívar y no a la Presidencia de la República como lo establece la Ley 1617 de 2013 o Ley de Distritos.

En su carta, dirigida a Turbay Paz, y a la cual anexó el expediente del proceso y copia del auto proferido contra Duque, la funcionaria le advirtió al gobernador que debe proceder “de manera inmediata a hacer efectiva la suspensión ordenada”.

No obstante, el mandatario de los bolivarenses, consciente del error, devolvió el expediente a la Procuraduría para que se subsanara.

No a destitución de funcionarios elegidos por voto popular

A propósito de la suspensión de Manolo Duque, durante el término de tres meses, en el marco de la investigación disciplinaria abierta por el Ministerio Público tras el desplome de un edificio en Blas de Lezo, el ministro del Interior se refirió al debate que se adelanta en todo el país por las facultades que tiene la Procuraduría para suspender, destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por votación popular.

En concepto de Cristo, el país debe avanzar hacia lo que en esa materia dispone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual -justamente – se trabaja en una reforma “para que cambie esa situación”.

Como se recordará, fue precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que evitó que el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fuera destituido del cargo por voluntad del procurador Alejandro Ordóñez, por considerar que le violaron sus derechos políticos al ser sancionado por una autoridad administrativa y no por un juez como lo establece la Convención Americana de los Derechos Humanos, suscrita por Colombia en los años 70, para el caso de los funcionarios elegidos por voto popular.

También el Consejo Gremial de Bolívar

Los empresarios locales reiteraron su voluntad de seguir aunando esfuerzos con los del sector público para impulsar los grandes proyectos que requiere la ciudad.

El Consejo Gremial de Bolívar -CGB, que agrupa a la Asociación Nacional de Empresarios -Andi; la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales -Acopi; la Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal -Acrip; la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar -Siabol; la Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines -Aciem; la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo -Anato; la Asociación Hotelera Colombiana – Asotelca; la Asociación Hotelera y Turística de Colombia -Cotelca; la Cámara Colombiana de la Construcción -Camacol; la Cámara de Comercio de Cartagena -Camcomercio; la Federación Nacional de Comerciantes -Fenalco; Federación Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos -Fendipetróleo, se mostró igualmente preocupado por las secuelas de una eventual inestabilidad administrativa tras la suspensión del alcalde de la ciudad.

“En procura de minimizar los efectos que un nuevo periodo de interinidad pueda generar a la ciudad, instamos a las autoridades nacionales, a las locales, a las fuerzas vivas y a la comunidad en general, a redoblar los esfuerzos para salvaguardar los intereses superiores de la ciudad, y ampliar los canales de comunicación para procurar, ahora más que nunca, avivar la cohesión social, de tal manera que afrontemos unidos las vicisitudes que naturalmente se generarán durante los próximos meses”, manifestó el CGB mediante un comunicado de prensa.

Contexto:

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