Tras las piezas del postconflicto -I

Por Daniel E. Flórez Muñoz *

Qué es y cómo va la Justicia Especial para la Paz en Colombia

Hace algunas décadas era probablemente mucho más sencillo asegurar jurídicamente los procesos de transición de escenarios dictatoriales y de alta conflictividad armada a escenarios de paz y estabilidad democrática. Lo anterior, en virtud de la poca conciencia internacional en materia de derechos humanos y la inexistencia o reducido funcionamiento de organismos internacionales llamados a su garantía. En dichos escenarios bastaba con la voluntad política de asegurar la transición para que la misma fuera, sin más, traducida a un acuerdo jurídicamente vinculante entre las partes y que gozara de toda validez y respeto por parte de la comunidad internacional.

No obstante, en la actualidad asistimos a una realidad radicalmente diferente. La existencia de un Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una Corte Penal Internacional y una multiplicidad de tratados, convenios y protocolos referidos a la garantía de los Derechos de las Víctimas, cambia por completo las condiciones normativas que rigen los procesos de negociación con miras a la transición. Dicha normatividad internacional opera como una especie de límite material a la voluntad de los actores en el marco de la negociación, lo cual no puede ser desconocido sin correr el riesgo de comprometer la sostenibilidad de lo acordado. En relación a estos límites materiales, jurídicamente llamados Derechos de las Víctimas, existe un consenso general en relación a su existencia aunque persistan debates alrededor del alcance práctico y normativo de los mismos. Estos Derechos que sirven tanto de base como de límite a la totalidad del proceso de justicia transicional en la actualidad, se articulan alrededor de cuatro garantías estructurales, a saber: el Derecho a la Verdad, la Garantía de no repetición, el Derecho a la Reparación y finamente el Derecho a la Justicia.

De las declaraciones que se hicieron en el marco de las negociaciones de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP se permite inferir el compromiso de ambas partes en apoyar la negociación sobre los estándares que internacionalmente rigen ese tipo de procesos transicionales. En ese orden de ideas, en los Acuerdos se concilió el máximo grado posible de respeto a los Derechos de las Víctimas con las condiciones requeridas para una salida negociada al conflicto armado. En concreto, el punto 5 del Acuerdo Final recogió lo referente al tema de Víctimas y la prevalencia de sus derechos; con tal fin se estructuró lo que se denominaría el Sistema Integral de Justicia Transicional, el cual pretendió armonizar los derechos de las víctimas con las exigencias propias de un proceso político de negociación. Un tema que en muchos análisis se pasa por alto es el hecho de que las Farc no fueron derrotadas por la vía militar, y que es justamente esa la razón por la que se plantea una salida negociada al conflicto, lo cual supone por definición la necesidad de ceder algunas de las exigencias propias de la justicia en contexto de normalidad política, o lo que es lo mismo se opta por concertar –en el marco de lo posible – las condiciones excepcionales que persuadan al actor armado de ingresar nuevamente en la vida legal y democrática. Ello solo es posible renunciando a la aplicación a raja tabla de un modelo de justicia de vencedores.

El Sistema Integral de Justicia Transicional, a la luz de los Acuerdos de La Habana y en conformidad a lo planteado en el Acto Legislativo 01 de 2017 aprobado en Fast Track por el Congreso de la República, se encuentra estructurado a partir de cuatro elementos: el primero de ellos es la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, el segundo es el Fortalecimiento de los programas de reparación, el tercer elemento es la Comisión de esclarecimiento de la Verdad y, finalmente, el cuarto elemento es la Justicia Especial para la Paz. Esta última constituye la dimensión penal del componente de justicia transicional, y tendrá por finalidad investigar, castigar o amnistiar a todos los actores del conflicto armado por hechos que hayan tenido lugar con ocasión del mismo. Resulta importante aclarar que las amnistías e indultos se establecerán en el marco del funcionamiento de la JEP partir de los criterios definidos en la Ley de Amnistía (Ley 1820 de 2016) la cual por una parte se ajusta de forma clara al Protocolo 2° de la Convención de Ginebra, y por la otra se refiere a la figura del Delito Político y delitos conexos a este como objetos de la misma. Recordemos que el Delito Político es un tipo de delito de tratamiento especial, que parte de la idea del delincuente que siendo movido por fines altruistas atenta contra el orden jurídico-constitucional con miras a modificarlo por otro más ajustado a sus propias exigencias de justicia. A la luz del Derecho Penal clásico, no es posible castigar con igual severidad a quien delinque para enriquecerse que quien lo hace movido por la convicción política de construir un nuevo orden social. Por supuesto, es fácilmente reconocible que no todos los actos realizados por las Farc puedan adecuarse bajo este concepto; justamente para esos tipos de actos (como el secuestro, por ejemplo) operará la Justicia Especial para la Paz, la cual a partir de la imposición de penas alternativas articuladas con los principios de justicia restaurativa garantizarán que no se queden impunes.

En la actualidad, buena parte de la normatividad referida a la JEP se encuentra en trámite legislativo, y la que ya fue aprobada requiere el examen por parte de la Corte Constitucional para su vigencia. A lo anterior se adiciona la necesidad de una Ley Estatutaria que desarrolle lo aprobado en el Acto Legislativo 01 de 2017, así como la puesta en marcha de los procedimientos administrativos de selección y escogencia de los Magistrados de la JEP. Finalmente se requerirá la aprobación parlamentaria de las normas procesales que puntualmente establecerán las condiciones de funcionamiento de dicha jurisdicción. Se estima que para el mes de febrero de 2018 pueda entrar en funcionamiento la Justicia Especial para la Paz, no obstante desde ya hay múltiples temas que son absolutamente problemáticos, algunos de ellos se refieren a: (i) la posibilidad de incluir bajo la Jurisdicción Especial para la Paz a los responsables de ‘falsos positivos’, igualmente temas referidos a (ii) la responsabilidad de mando en los que se considera que lo aprobado no corresponde con lo señalado por el Derecho Internacional, temas asociados con (iii) el trámite administrativo de escogencia de magistrados donde se vislumbra un peligroso centralismo contrario a la idea de paz territorial, así como en asuntos referentes a (iv) la responsabilidad de terceros en el marco del conflicto y finalmente temas en torno (v) la responsabilidad corporativa de empresas que participaron en el sostenimiento del conflicto armado.

En la actual coyuntura se hace absolutamente indispensable que la ciudadanía comprenda la necesidad de acompañar desde la reflexión, la crítica y la participación política las diferentes etapas de los procesos de construcción paz y reconciliación. Lo anterior pasa por el deber de estar debidamente informados y la necesidad de establecer condiciones materiales para una verdadera democracia activa y deliberante. El llamado es uno: comprender que la paz no se reduce a un papel suscrito en Bogotá entre el Gobierno y la dirigencia guerrillera, sino que es una responsabilidad que la historia ha depositado sobre el presente, y de esa forma sobre cada uno de nosotros. No podemos ser inferiores a ese desafío.

* Docente Investigador, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Cartagena. Activista en Derechos Humanos. Candidato a Magister en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional, Universidad de Génova. Estudiante de Maestría en Derecho, Universidad de Cartagena.

.

 

2 Comments

  1. Ronald dice:

    Excelente articulo! Muchas gracias doctor Daniel Florez

  2. Luis daniel dice:

    Minuciosa explicación, a mi juicio es determinante educarse en los temas referentes al proceso de paz con las FARC para que los resultados sean favorables, debido a que la paz es un proyecto de constante construcción que no lo llevan a cabo únicamente los grandes dirigentes en Colombia sino los campesinos, la gente común en las ciudades, en resumen, todos los que hacemos parte de la comunidad política. Con buenas y sólidas ideas podremos tomar buenas decisiones y evitar la mayor cantidad de tropiezos en un eventual proceso con el ELN, excelente entrevista. Gracias.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial