La Superintendencia de Industria y Comercio dirime pleito a favor de Dataprom

La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió a favor de la empresa Dataprom Equipamientos y Servicios de Informática una querella interpuesta por la firma Smartmatic Internacional Holding B.V. que pretendía que la Cámara de Comercio de Cartagena inscribiera un acta del Comité de Administración del Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión de Flotas de Transporte Público mediante la cual se buscaba -en la práctica – desconocer a Nixon Navarro Barraza como gerente suplente de dicha empresa.

Mediante Resolución No. 18335 de abril del presente año, la Superintendencia confirmó “el Acto Administrativo de abstención No. 4755782 del 20 de enero de 2017 mediante el cual la Cámara de Comercio de Cartagena se abstuvo de inscribir el extracto del Acta No. 1 del Comité de Administración del Consorcio Colcard (…)”, documento en el cual, con la firma de los representantes de Smartmatic: Nicolás Sandoval y Alberto Castro, y el registro de la ausencia de los representes de Dataprom: Carlos Gustavo Brandt y Nixon Navarro, se pretendía remover a este último del cargo de representante legal suplente del Consorcio, a pesar de contar con el expreso respaldo de los propietarios de Dataprom.

En sus considerandos, la Superintendencia recalcó que el acta presentada por Smartmatic ante la Cámara de Comercio de Cartagena para su registro “no es objeto de inscripción en el Registro Mercantil a cargo de las Cámaras de Comercio, toda vez que (…) al consorcio no le es imputable la obligación de inscribirse en los registros que llevan dichos entes registrales y, por ende, tampoco se inscriben sus representantes legales”.

Y en su parte dispositiva se advierte que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra este fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio no procede recurso alguno, por lo cual queda en firme una vez se notifiquen las partes.

De acuerdo con versiones de varias fuentes, uno de los directivos de Smartmatic, a pesar de ya haber sido notificado de la decisión de la Superintendencia, envió un oficio a la superintendente delegada de Tránsito y Transporte asegurando falsamente -una vez más – que Nixon Navarro ya no es representante legal de Dataprom.

Según las mismas fuentes, se estudia la posibilidad de instaurar una denuncia contra el remitente de la misiva, ya que habría incurrido en el punible de falsedad documentaria.

Brasileros y venezolanos, a zanjar diferencias

Convocados por el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll Durango, este jueves 11 de mayo los propietarios de Dataprom: los empresarios brasileños Alberto Mahuad Abujambra y Jacqueline Felbisigno; y de Smartmatic, el venezolano Antonio Mugica Rivero, se reunirán en las oficinas de la entidad, con el fin de intentar dirimir de manera definitiva las diferencias que acusan.

En varias declaraciones a este portal, Ripoll Durango ha reiterado que la relación de la entidad a su cargo es exclusivamente con Colcard, “con lo que quiero decir que las diferencias que puedan tener los socios del consorcio no es competencia de Transcaribe”, por lo cual, a pesar del pleito entre los socios, “la operación del sistema no ha estado ni estará jamás en riesgo”.

No obstante, en la opinión pública subsiste la sensación de que la ‘pelea’ -aunque intestina – de los miembros del consorcio sí podría poner en peligro la eficiencia y efectividad del recaudo del sistema, por lo cual lo que se impone es que se diriman de una vez por todas las diferencias existentes.

Antecedentes

Como se recordará, Smartmatic International Holding B.V. (una empresa que fue presentada inicialmente como holandesa, pero de la que se supo después era venezolana), publicó un aviso en el diario El Universal dando cuenta de que -según ellos – se había removido al representante suplente del consorcio: Nixon Navarro Barraza, hecho que fue desmentido por Dataprom Equipamientos y Servicios de Informática Ltda (la empresa brasileña aportante del Know how). De acuerdo con el Código de Comercio, toda decisión de un consorcio debe contar con el visto bueno de la totalidad de quienes lo conforman, y era claro -en este caso – que ello no se estaba cumpliendo (leer ‘La operación de Transcaribe, ¿en riesgo por ‘pelea’ entre los socios de Colcard?’).

Para esas fechas se conoció que <<al menos en tres ocasiones se pretendieron inscribir sendas actas de presuntas asambleas de los socios de Colcard, pero en las cuales únicamente participó el representante de Smartmatic International. Ante este hecho, en los tres casos, la Cámara de Comercio de Cartagena se negó a realizar la inscripción argumentando que “todos los actos que afecten o modifiquen la propiedad de los establecimientos de comercio o su administración, susceptibles de registro, deberán encontrarse suscritos por los dos propietarios del establecimiento de comercio a través de documento privado“>>.

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