Dolo eventual en Blas de Lezo

Por Anthony Sampayo Molina *

¡Hay que dejar sentado una posición desde ya! La persona o personas responsables de la construcción que se vino abajo, aquellas que aparentemente falsificaron una valla con el único propósito de hacerle el quite al control de las autoridades y de esa forma ahorrarse unos cuantos pesos y poder construir un inmueble controlado únicamente por su avaricia e insensatez, son responsable por la muerte de cada uno de esos trabajadores a título de dolo.

Que no pretendan por ningún motivo hacernos creer que en este caso se presentó un simple caso de negligencia y que en consecuencia el homicidio a imputar sería en la modalidad de culpa.

Aunque los responsables de semejante tragedia traten de apaciguar su pena repitiéndose a sí mismos que nunca fue su intensión ocasionar la muerte de esas personas, lo cierto es que, de ser ciertas las circunstancias que rodearon el hecho, según las informaciones dadas por los medios de comunicación, estamos no ante un delito culposo sino ante un homicidio doloso a título de dolo eventual.

Pero no solo eso: además, estaríamos ante un homicidio agravado y en concurso con otra serie de delitos como la falsedad en documentos. En fin, el propósito de esta columna no es en lo absoluto hacer una cátedra de Derecho; el propósito esencial es que tengamos claras las verdaderas consecuencias jurídicas que semejante desastre debe traer consigo.

¿Qué es el Dolo Eventual? Es un concepto que hace referencia a un actuar con conciencia e intención de lograr un resultado antijurídico determinado, y a pesar de que el obtenido no era directamente el querido por el autor, su ocurrencia resultaba previsible o no se deja librada al azar. Y eso fue lo que exactamente ocurrió aquí: las personas involucradas hicieron todo lo posible para construir un edificio como se les diera la gana; un edificio donde habitarían familias enteras cuya integridad dependería solo del azar o de la voluntad de Dios.

Resulta aterrador pensar que dentro de poco tiempo dicho inmueble pudo haber estado habitado en su totalidad y que, como consecuencia de ello, la tragedia a lamentar sería inmensamente peor.

Obviamente, las autoridades locales tienen algo de responsabilidad. Tampoco nos van a hacer creer que las funciones de los distintos funcionarios terminan con una valla colocada a la entrada de una construcción. De ser así, no resulta descabellado decir que la vida de los cartageneros depende solo de la honradez de alguien con el dinero suficiente para acometer la construcción de una obra civil. Lo anterior, sumado a las declaraciones de la directora del Consejo Gremial de Bolívar, Patricia Galindo Llamas, en el sentido de que el 60% de las construcciones en Cartagena son ilegales, son motivos suficientes para hacer maleta y salir huyendo de esta bomba de tiempo llamada Cartagena de Indias.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

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