¿Justicia en caso Yuliana Samboni?

Por Anthony Sampayo Molina *

Es necesario iniciar con una manifestación contundente y que no admite discusión: no existe justicia en este mundo capaz de equipararse a tan abominable hecho, razón por la cual siempre nos quedará faltando algo para que la sociedad sienta que el responsable de tan atroz crimen está recibiendo lo que merece.

Muchos manifiestan que los casi  52 años de cárcel a que fue condenado el monstruo de Uribe Noguera no son suficientes y exigen en consecuencia para dicho asesino la máxima pena que contempla nuestra legislación: 60 años de prisión; otros demandan la cadena perpetua y otro tanto, no menos numeroso que los anteriores, piden para semejante individuo la pena de muerte. Particularmente tengo una indecisión entre las dos últimas opciones, sin embargo es una verdad ineludible que ninguna de ellas era posible de aplicar: en el caso de la prisión perpetua y de la pena capital no solo no existen en nuestro ordenamiento jurídico sino que además se encuentran expresamente prohibidas en el mismo; y con respecto a la primera, porque así lo determinan las reglas contenidas en nuestro Código Penal para realizar el proceso de individualización de la pena.

Son casos como este cuando la razón o el propósito de la ley dejan de ser algo teórico y emerge como una necesidad esencial para el mantenimiento del orden y eso está claro en la medida en que, muy seguramente, la única persona que no tenía claro qué castigo iba a aplicar a semejante asesino era irónicamente aquella que tenía la competencia para hacerlo: la honorable juez del caso. Y ello porque, a diferencia del resto de personas que tras bambalinas adelantábamos el proceso y que nos resultaba obvio la sanción que cada uno iba a aplicar, ella debía someter su decisión únicamente al imperio de la ley y no a apasionamientos o sed de venganza.

A diferencia de otros países, en Colombia la determinación de la pena se encuentra sumamente reglada, al punto que el ámbito de movilidad que tiene el juzgador para imponer la sanción entre los extremos que contempla cada delito se haya prácticamente determinada por una operación matemática; eso hay que entenderlo y en la medida de lo posible comunicarlo.

Siendo la difusión un aspecto sumamente esencial, resulta ser una útil herramienta para no dejarnos convencer de falsos argumentos de impunidad o de demagogia oportunista, proveniente de politiqueros que quieren trasladar la responsabilidad de lo que ocurre a los jueces, cuando estos últimos simplemente se limitan a aplicar las leyes que aquellos elaboran.

Resulta increíble el daño que produce la instrumentalización de la justicia para fines políticos o amarillistas. En un país libre, cada quien tiene el derecho de forjarse una opinión sobre un hecho, pero la responsabilidad de la dirigencia es hacer que dicha opinión sea formada sobre bases reales y, en consecuencia, atacar la decisión de la juez de conocimiento recurriendo a argumentos basados en una supuesta insensibilidad o desapego con la tragedia es atrevido e injusto.

¿Existió justicia en el caso de Yuliana Samboni? Usted mismo respóndase esa pregunta, pero sepa que en Colombia existen cientos de Yulianas, y en mucho de esos casos los familiares de dichos ángeles no han tenido la oportunidad de ver al asesino de sus hijos ni un solo día en la cárcel.

Asimismo, hay que tener presente que se nos ha impuesto a los colombianos un proceso de ‘paz’, en el cual el castigo para este tipo de personas, en caso de que confiesen su crimen, tal como lo hizo el asesino de Yuliana, será máximo de ocho años, purgables además por fuera de una cárcel y, por si fuera poco, mientras “pagan su pena”. Podrán ser alcaldes, concejales, congresistas o lo que les apetezca. Así que si usted se escandaliza con aquellos delitos donde resultan víctimas los niños y los responsables de semejantes atrocidades están por la vida como si nada. Prepare su corazón para que, en el marco de la justicia transicional creada para las Farrc, seamos testigos de cómo se pasa por encima de estos seres inocentes para lograr un fin político.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

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