Operativos de desalojo reabren el debate: ¿para cuándo la adopción de una política pública…?

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Un operativo realizado por brigadistas de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana en el Mercado de Bazurto, que terminó con el decomiso de elementos de trabajo y alimentos perecederos, entre estos por lo menos 100 kilos de pescado que varias horas después fueron devueltos a sus propietarios, abrió nuevamente el debate sobre la necesidad de que el Distrito adopte una política pública sobre uso, disfrute y aprovechamiento del espacio público en Cartagena.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Administración distrital, los operativos se realizaron en la Transversal 22 y en el sector Los Andes del Mercado de Bazurto, “zonas que ya habían sido intervenidas por el Distrito, y la mayoría de las personas que ocupan este espacio ya fueron reconvenidas económicamente o reubicadas en otros sitios”.

Según el remitido, fueron decomisadas “nueve cavas que se encontraban almacenadas en las calles y andenes, las cuales contenían gran cantidad de pescado en malas condiciones de almacenamiento (…) que no cumplían con la cadena de frío e incluso tenían otros elementos oxidados sobre ellos; igualmente” -se dijo – “se encontraron insectos y cucarachas”.

“Todos los elementos fueron retirados y llevados a nuestra área de bodega, atendiendo las disposiciones legales. Se encontraron alimentos como tubérculos, frutas y mucho pescado en mal estado. Algunas de estas cavas al abrirlas tenían malos olores lo cual prendió las alarmas”, se indica en el comunicado de prensa que informó Iván Castro Romero, el gerente de Espacio Público y Movilidad Urbana.

El mismo remitido señala igualmente que el Departamento Administrativo de Salud -Dadis, tras “realizar la inspección de estos alimentos, decidieron devolverlos a los vendedores con el compromiso de que los mismos cambiaran las cavas y cumplieran con la cadena de frío que deben seguir estos alimentos”.

Para algunos de los vendedores afectados -sin embargo – el operativo fue desproporcionado, inequitativo, injusto y eventualmente ilegal.

Miriam Ramírez Salguedo, vendedora de pescado fresco desde hace más de 15 años y residente en el barrio La María, narró que “nos llamaron a las tres de la mañana informándonos que nuestra mercancia había sido decomisada por Espacio Público; yo trabajo con un pagadiario, y nos preocupa la pérdida que podamos tener”. Según la comerciante informal, “soy madre cabeza de hogar, y como yo hay por lo menos 20 compañeras que estamos viéndonos afectadas por esta medida”.

Por su parte, Stanly Arévalo, otro vendedor afectado, relató que “llegaron como 20 o 30 brigadistas y un número parecido de policías, y nuestra mercancía se la llevaron para el CAI; yo tengo como 50 kilos de mojarra que valen cerca de $300 mil; en bocachico tengo como $600 mil; fuera de otra mercancía que tenía ahí guardada”.

En las redes sociales, el operativo tuvo numerosos comentarios luego de que varios periodistas publicaran audios con testimonios de comerciantes afectados. “El drama que hay detrás de cada historia nos muestra un hecho preocupante: y es que aún en el gobierno de ‘Primero la Gente’ la inequidad es el pan de cada día en los procedimientos de la Gerencia de Espacio Público”, manifestó un estudiante de Comunicación Social que pidió reserva de su nombre. Según esta fuente, “es inconcebible que, mientras se persiguen a los vendedores estacionarios que se ven obligados a ocupar el espacio público por no contar con otras alternativas, los mismos brigadistas protegen a invasores de calles enteras, lo cual es abiertamente ilegal, en beneficio de restauranteros que sí tienen cómo abrir otros espacios que no implique perjuicio a la comunidad”.

Para otras fuentes consultadas, entre ellas los abogados y exservidores públicos Fabio Castellanos Herrera y Danilo Contreras Guzmán, lo que se impone es que se promueva la formulación y adopción de una política pública sobre el uso del espacio público en Cartagena.

Para otros -además – como señaló el líder cívico Osvaldo de Horta Garcés, “se impone que mientras se adopta una política pública sobre el espacio público la entidad competente cumpla y haga cumplir la Ley, esto es: que actúe con equidad midiendo con la misma vara a todos los ciudadanos”.

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