En varias poblaciones del sur del Departamento de Bolívar, mineros formales, informales e ilegales realizan vertimientos de aguas residuales con altas dosis de cianuro y mercurio y otros contaminantes, lo cual viene causando un impacto negativo en los recursos hídricos y en general el ambiente natural de esta región.
La alerta la dio la Contraloría General de la República -CGR – mediante un comunicado de prensa, luego de establecer, tras una auditoría, que la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar -CSB, la Agencia Nacional de Minería -ANM, la Fuerza Pública y las distintas autoridades no coordinan debidamente las correspondientes labores de control, permitiendo, por omisión o negligencia, que se realicen actividades mineras ilegales e informales.
De acuerdo con los resultados de la auditoría realizada por la CGR a la CSB, esta entidad presenta un comportamiento financiero crítico, particularmente una situación de iliquidez para cancelar sus deudas a corto y mediano plazo, lo cual repercute negativamente en el control que debe ejercer sobre las actividades mineras.
Según la CGR, es notoria la incapacidad de la CSB para ejercer control y vigilancia a los permisos ambientales que otorga, lo cual se suma a situaciones como la inestabilidad de terrenos en áreas deforestadas y la tala indiscriminada de bosque para la comercialización de madera, lo cual se efectúa sin ningún tipo de control.
Lo más grave, sin embargo, es que, en la inspección realizada a la zona minera, «se observó que en los diferentes campos de trabajo en beneficio del material extraído de las canteras, se dan vertimientos de agua residuales con presencia de cianuro, peróxido y carbonato de calcio, sin tratamiento previo a su descarga en las diferentes redes hídricas naturales de la región», como informó el órgano de control fiscal.
El informe de la CGR señala que «la magnitud del problema del manejo de las aguas residuales de las actividades mineras, en la jurisdicción del Sur de Bolívar, lo representa el hecho de que no se tiene la dimensión de los volúmenes que se generan, ante el incontenible frente de explotaciones y beneficios de mineros informales e ilegales».
«A esto se agrega que la CSB viene entregando permisos ambientales a títulos mineros formalmente registrados ante la ANM, de los cuales no cuenta con registros del volumen de descarga y si están aplicando sistemas de tratamiento previo a su disposición», señala la CGR.
«Se evidencia también que la falta de coordinación de esta Corporación con otras autoridades administrativas (…) para ejercer labores de control, permite que se den actividades de manera ilegal, con los consiguientes impactos negativos sobre los recursos naturales de esta región», señala asimismo la entidad.
Municipios sin Plan de Saneamiento
Según la CGR, «de los 25 municipios de jurisdicción de la CSB, 18 no tienen aprobado su Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, lo que no permite que este instrumento se convierta en una herramienta de seguimiento y control para la Corporación y, de esta manera, garantizar que los operadores del servicio de alcantarillado realicen las obras de cobertura y tratamiento de aguas residuales urbanas en condiciones técnicas».
Los municipios en los cuales la CSB tienen jurisdicción son: Magangué, Achí, Altos del Rosario, Arenal del Sur, Arroyo Hondo, Barranco de Loba, Cantagallo, Cicuco, El Peñón, Hatillo de Loba, Margarita, Montecristo, Morales, Norosí, Pinillos, Regidor, Río Viejo, San Cristobal, San Fernando, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Cruz de Mompox, Santa Rosa del Sur, Simití, Talaigua Nuevo y Tiquisio.
El problema, ¿más grave todavía?
En agosto de 2013, el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tras reportar que en iba corrido del año la fuerza pública había destruido 30 máquinas usadas por bandas criminales y las guerrillas de las Farc y el ELN en la explotación ilegal de numerosas minas, señaló que, según labores de inteligencia, se tenía claro que los delincuentes «han venido buscando fuentes de financiación a medida que se han seguido dando golpes al narcotráfico».
En esa ocasión, el ministro Pinzón puso como ejemplo la situación en el sur del Departamento de Bolívar, donde -según dijo – los grupos ilegales «han querido migrar hacia la minería criminal».
«Todo indica que esa situación persiste», le manifestó a este portal el líder ambientalista Daniel Mejía Lozano. «Parte de las actividades extractivas que se desarrollan en el sur de Bolívar, como en muchas otras partes del país, las adelantan grupos ilegales», aseguró el director nacional de la corporación ‘Vive la Gente’, que realiza campañas en favor del emprendimiento y el ejercicio del liderazgo pero, sobre todo, promueve campañas contra la minería ilegal en todo el país.
La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar
La CSB es, como todas las corporaciones autónomas regionales del país, un ente de carácter público, creado por la Ley 99 de 1993, dotado de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Su misión es administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible en los municipios de su jurisdicción, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
Desde el 4 de enero de 2016, el director de la CSB es el economista Enrique Núñez Díaz, quien en el 2009 fuera Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar.
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