Dos años después de firmada, prórroga a Acuacar será ‘revisada’ por la Contraloría

El 20 de octubre de 2014, durante una Asamblea de socios de Aguas de Cartagena – Acuacar – en el salón Bahía del Hotel Holiday Inn, presidida por el entonces alcalde Dionisio Vélez Trujillo, se decidió ampliar de 26 a 40 años la concesión a dicha empresa, a pesar de faltar aún más de seis años para que la misma feneciera.La inopinada decisión, protocolizada ante la Notaría Segunda el 10 de noviembre del mismo año, en plenas fiestas de noviembre, que se tomó sin que la misma fuera informada al Concejo de Cartagena ni a ningún otro estamento local ni nacional, fue calificada por el entonces concejal David Múnera Cavadía como “el peor acto de piratería que se ha cometido contra la ciudad en el siglo XXI”.

Para Múnera Cavadía, “no tiene explicación que, faltando seis años para la terminación del contrato, un alcalde al que le faltan escasos nueve meses para terminar su periodo, de manera clandestina proceda a la prórroga del contrato con Acuacar”.

Hoy, más de dos años después de tales hechos, la Contraloría del Distrito tomó la decisión de realizar una Auditoría Exprés, para lo cual solicitará el acta de la sesión de ayer (15 de marzo de 2017) del Concejo de Cartagena, con el fin de determinar los alcances fiscales de la prórroga concedida.

Los resultados de dichos análisis, según lo dicho por la contralora distrital, Nubia Fontalvo Fernández, serían incorporados a una Auditoría ordinaria que deberá iniciarse en el segundo semestre de este año.

Para la funcionaria, será el acta de la sesión de la corporación edilicia de este 15 de marzo la que utilice el órgano de control fiscal como base de la Auditoría porque en ella deberá constar que, de acuerdo con declaraciones de varios concejales, dirigentes gremiales y voceros de los trabajadores de las extintas Empresas Públicas Municipales de Cartagena, la ampliación de la concesión a Acuacar decidida a espaldas de la comunidad por Dionisio Vélez Trujillo, Fernando Domingo Tallarico, John Jairo Montoya Cañas, Henry Laíño López y José Villegas Vélez, en sus condiciones de miembros de la Junta Directiva de Acuacar, estaría -en efecto – plagada de gravísimas irregularidades.

Las denuncias

Durante el debate de control político convocado por el Concejo del Distrito, el exconcejal David Múnera reiteró que lo que ha venido denunciando desde hace más de dos años: que el entonces alcalde: Dionisio Vélez, se extralimitó en sus funciones porque solo el Concejo tiene facultades para ampliar los términos de una concesión como las que él olímpicamente estableció. Según él, las facultades otorgadas por el Acuerdo 05 del 94 fueron pro tempore  y no se podían usar para ampliar un contrato 20 años después.

De igual forma, para el exconcejal, es absurdo que la propia Junta Directiva de Aguas de Cartagena se autoconcediera el derecho a realizar una modificación a un contrato para favorecerse a ellos mismos, a espaldas -como está plenamente demostrado – de la ciudad y del Concejo.

De acuerdo con Múnera, el alcalde y los restantes miembros de la Junta de Acuacar incurrieron en un claro un prevaricato, por lo que espera que espera que la Fiscalía se pronuncie lo más pronto

Otro de los dirigentes que también intervino durante la sesión del Concejo fue el dirigente gremial William Murra Babún, miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros, quien señaló que, en efecto, con la cuestionada prórroga se atentó contra el patrimonio de los cartageneros con el claro propósito de favorecer a unos particulares, todo ello -dijo – ante el silencio cómplice de los órganos de control.

Para Murra, es al menos insólito que a Aguas de Barcelona, accionista de Acuacar, se le mantenga en la prórroga el pago de una cuantiosa comisión técnica por transferencia de tecnología, que representa cerca de $9 mil millones anuales, siendo que esta transferencia se realizó durante los años de operación que lleva la empresa.

Durante las intervenciones de los concejales, Carlos Barrios Gómez, se mostró de acuerdo con que Dionisio Vélez había hecho un uso irregular de lo establecido en el Acuerdo 05 de 1994, ya que en este se le dieron facultades pro tempore al mandatario del momento, las cuales se vencieron el 31 de diciembre de ese año, por lo que después del mismo cualquier modificación debe ser estudiada por el cabildo.

Barrios denunció -asimismo – que el secretario general de la época, Carlos Coronado Yáncez, realizó una consulta sobre la conveniencia y la legalidad de eliminar o no la cláusula de arbitramento contemplada en el contrato de concesión, y que , a pesar de que la respuesta fue que el arbitramento es una figura útil que permite un fácil acceso a la justicia en casos de controversias, el funcionario decidió eliminar esta cláusula, lo que obligaría a la partes a acudir a la justicia de lo contencioso en caso de un pleito, lo cual es un claro retroceso.

Según el concejal del partido Cambio Radical, Acuacar habría realizado una contratación paralela con la empresa Aqualogy, la cual hace parte de la misma matriz empresarial de su socia Aguas de Barcelona. De hecho -dijo – las oficinas de Aqualogy y Aguas de Barcelona estarían en las mismas instalaciones estarían en las mismas oficinas, lo cual podría configurar un conflicto de intereses.

En su intervención, Barrios exhortó al Distrito a hacer uso de la cláusula exorbitante del contrato para reversar la ilegal e inconveniente prórroga, y proceder a abrir una nueva licitación para seleccionar a la empresa encargada de hacer la debida ampliación.

Por su parte, César Pión González, actual 2° Vicepresidente del Concejo, manifestó que la discusión no es sobre la calidad del servicio que presta Acuacar, el cual, según dijo, es claro que es bueno, sino sobre la conveniencia y la legalidad de la prórroga concedida. Sobre las denuncias sobre supuestas irregularidades durante la cuestionada ampliación del periodo de la concesión,  el cabildante advirtió que corporación velará porque los órganos de control cumplan con su deber de realizar las respectivas investigaciones.

El 16 de abril de 2015, durante una sesión de control político sobre el mismo tema, el concejal del partido de La U manifestó que el foco del debate no era la calidad o la cobertura del servicio prestado por Acuacar sino sobre si la decisión del alcalde Vélez debió pasar o no por la corporación edilicia. Ese día -como lo haría casi dos años después – manifestó que, como ya se había establecido la prórroga, son los órganos de control los que tienen la competencia para hacerle seguimiento al proceso (leer Bitácora del Concejo de Cartagena, 16 de abril de 2015).

Lo que opina la ciudadanía

Además de David Múnera y William Murra, quienes intervinieron en la sesión del Concejo en sus condiciones de ciudadanos, Fabio Castellanos Herrera, Danilo Contreras Guzmán, Alcides Arrieta Meza y numerosas personas man han conceptuado sobre el caso, y varios de ellos han dado un paso más: han interpuesto quejas, demandas y denuncias ante los correspondientes entes.

Todos ellos coinciden que la prórroga suscrita inopidamente por Vélez viola los principios de la participación ciudadana al realizar un acto de tal naturaleza “a espaldas de las fuerzas vivas de la Cartagena, tal como fuera recomendado por la Procuradora Delegada para la Función Pública y como le cuestiona al alcalde la Defensora Regional del Pueblo”, como señaló Castellanos Herrera en una queja impetrada ante la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con casi todos los analistas consultados, el Otrosí suscrito es, de hecho, un nuevo contrato, y la Ley es clara en establecer que estos casos debió realizarse un proceso licitatorio, previa solicitud de facultades al Concejo. “La anterior conclusión brilla como luz de medio día si se revisa el Acuerdo 05 de 1994”, señala Castellanos en su queja, al advertir que en el artículo 7 de dicha norma, el Concejo indicó “que la delegación que autorizaba no limitaba al Distrito para contratar por separado las futuras ampliaciones o nuevas construcciones” (leer ‘Al tiempo que el Concejo, casi en pleno, respaldó la prórroga del contrato con Acuacar, en la PGN fue interpuesta una queja’).

La defensa

En defensa de la actuación del exalcalde Dionisio Vélez Trujillo y de los restantes miembros de la Junta de Acuacar salió el gerente de Acuacar, John Montoya Cañas, para quien la prórroga aprobada fue necesaria ya que la ciudad cuenta con una sola planta de tratamiento, que produce 270.000 m3 al día, pero que trabaja en su máxima capacidad y se requiere construir una nueva planta que permita cubrir la demanda actual y la de los próximos años. Según Montoya, se trata de un proyecto que cuesta cerca de $250 mil millones que serán financiados por Acuacar, y que el Distrito no tendrá que realizar ninguna inversión.

La primera fase de la nueva planta -dijo – se construirá entre los años 2017 y 2018, con una inversión de $100 mil millones; y la segunda fase se iniciaría en el año 2019.

En defensa de la cuestionada decisión, el funcionario destacó que ya se tiene diseñada la red matriz para proporcionarle agua potable a los proyectos urbanísticos y hoteleros que se adelanten en Barú, y resaltó que en general, debe reconocerse que el crecimiento urbanístico de la ciudad se ha dado de la mano de Acuacar.

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