Corte Constitucional, ¡salve usted la Patria!

Por Anthony Sampayo Molina *

Una de las principales preocupaciones que generaron los acuerdos de La Habana fue siempre la falta de límites claros en el proceso de implementación de los mismos. Un conjunto de imprecisiones que eran disimuladas con párrafos de buenas intenciones pero que al momento de cuestionarse seriamente sobre la forma en que se iban a concretar en el ordenamiento jurídico, generaban más desconfianza que esperanzas. El rechazo popular que recibió el acuerdo final, consignado en los resultados del plebiscito, acrecentó aquel desconcierto en la mayoría de la población que veía cómo se pasaba por encima de su decisión y se recurría a cualquier clase de demagogia para ignorar aquellas personas que democráticamente resultaron vencedoras.

Superada la rabia por lo que algunos consideraron una burla al poder popular, se puso de moda un anglicismo que ocasionó que se pasara de un estado de decepción a uno de cruel resignación, producto de ser testigos de cómo se atenta mortalmente contra la Constitución y se moldea sospechosamente en un sinnúmero de aspectos, a la medida de algunos cuestionados intereses, por la vía del famoso Fast Track.

Este mecanismo de por sí controversial, al tener como fin modificar los procedimientos contenidos en la Constitución y poder así introducir ágilmente lo acordado en La Habana que meses antes había sido rechazados por el pueblo, resultó siendo una herramienta que pretendía ser utilizada para lograr reformas constitucionales de todo tipo. Reformas que, dado lo abstracto de los Acuerdos, pueden amoldarse demagógicamente bajo la excusa de ser conexas con el proceso de paz y alcanzar bajo dicho pretexto, de manera ágil y sencilla, un rango constitucional.

Afortunadamente la Corte Constitucional parece haberle puesto un límite a dicha práctica y de forma esperanzadora tumbó el primer decreto presidencial aprobado por esta vía argumentando que: “No es suficiente con acreditar la conexidad sino que también debe haber una valoración sobre la necesidad estricta de acudir a ese tipo de vía”, como lo dijo el presidente de la Corte en rueda de prensa.

Aunque por otra parte en la misma decisión se estableció que ya el Congreso había cumplido con la refrendación de los acuerdos, en lo que se relaciona con el Fast Track o las facultades excepcionales entregadas al presidente es para muchos una señal esperanzadora, sobre todo para los que vemos con temor esa tendencia política que parecía no tener control. Al menos ahora se sabe que nuestra guardiana de la Constitución, sobre la que recae el control único y automático de dichos actos administrativos, no estará en estado se sumisión como si lo están nuestros dignos representantes en el legislativo, los cuales se convirtieron, de forma voluntaria, en notarios de los caprichos del gobierno y las FARC.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

  Otras columnas del mismo autor:

– Colmenares, análisis colateral

– Una evolucionada corrupción

– Uber en Cartagena

– ¿Bailarines incomprendidos?

– La entrevista que casi ocasiona un accidente

– Getsemaní y la gentrificación

– Apaga y vámonos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial