La comunidad expresó ante el Concejo lo que piensa sobre el cobro de un peaje en Barú

Si los ciudadanos que participaron en la audiencia pública al proyecto que busca autorizar la construcción de una caseta a la subida del Puente de Barú, para el cobro del llamado peaje social, fueron fieles intérpretes de lo que piensan los pobladores de la Isla de Barú, y si al tiempo la decisión fuera sometida a una consulta popular y no a la voluntad de los 19 concejales de Cartagena, todo indica que la iniciativa sería rechazada mayoritariamente.

Al menos, así se podría concluir de lo escuchado ayer en el salón de sesiones del cabildo cartagenero, donde una mayoría de los participantes se pronunció en contra de los alcances del Proyecto de Acuerdo 049, “por el cual se autoriza el cobro del peaje para el mantenimiento de la Vía Transversal Barú”, que busca propiciar la consecución de recursos -además, según su exposición de motivos – para realizar inversión social en las poblaciones de la isla.

Entre quienes se manifestaron en contra de un nuevo peaje en Cartagena estuvo David González, director de la Fundación Turística Playa Blanca, Iván Caraballo, quien fuera elegido como representante de los propietarios de Barú para la etapa de construcción de la Vía Transversal Barú, y Fidian García, un dirigente cívico que, usando un disfraz denominado ‘Capitán No Más’, adelanta una campaña que busca desmontar los peajes en Cartagena.

González señaló que, en su concepto, la iniciativa atenta contra la economía doméstica de los habitantes de Barú, y que, en todo caso, de acuerdo con la Ley 70 de 1993, todas las fases para la eventual construcción de una caseta para el cobro de un peaje deben ser sometidas a consulta ante las comunidades afectadas.

Caraballo manifestó que, como la construcción de la Vía Transversal Barú fue financiada por el sistema de valorización y todavía los propietarios de predios están pagando lo pertinente, si se cobra un peaje “se estaría cobrando un doble impuesto sobre la misma vía”. Además, conceptuó, los llamados peajes sociales no están reglamentados.

Y García argumentó que, en general, las casetas para el cobro de peajes han causado perjuicio a las comunidades circundantes; según el líder cívico, la indigencia y pobreza, la mala prestación de los servicios públicos y la disminución del flujo turístico han sido el lugar común comunidades rurales Arroyo de Piedra, Arroyo de las Canoas y Arroyo Grande luego, justamente, de haberse instalado un peaje en sus alrededores.

También se manifestó en contra del cobro de un peaje para llegar a Barú el exconcejal David Múnera Cavadía, quien advirtió que, contrario a lo que la Administración ha dicho, y han dicho algunos otros actores locales, la propia exposición de motivos del proyecto establece que los recursos del peaje serán para mantener la vía y no para realizar inversión social. Según Múnera, la iniciativa es inconveniente, es ilegal y es inconstitucional, por lo cual, de aprobarse, los concejales podrían incurrir en un prevaricato.

Otros participantes, como la presidenta ejecutiva del Consejo Gremial de Bolívar, Alicia Bozzi Ánderson, manifestaron que es viable el cobro de un peaje para mantener la vía, pero conceptuaron que debe analizarse a profundidad el fundamento jurídico del mismo. En su intervención, la dirigente gremial solicitó que, en todo caso, el proceso de escogencia del concesionario que opere el peaje, de llegar a aprobarse, debe realizarse mediante una licitación pública amplia y transparente.

En similar sentido se pronunció el también dirigente gremial Jorge Mendoza Diago, presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar -Siabol, a quien le llamó la atención -según dijo – que la Administración esté tomado decisiones importantes sin el debido sustento técnico. Según Mendoza, sorprende que se haya tomado como referencia para calcular la tarifa del peaje de Barú lo que se cobra en la Variante Mamonal, siendo que las vías a intervenir tienen distintas características. Para el líder gremial, de aprobar los concejales la iniciativa la Administración debe manejar con total transparencia la selección del concesionario.

Pero no todos los participantes estuvieron en contra del proyecto y, por el contrario, expresaron los criterios por los cuales consideran que sí debe aprobarse. José Rodríguez, representante del Consejo Comunitario de Santa Ana, manifestó que él, como legítimo vocero de las comunidades afectadas, sí respalda la iniciativa porque es claro que mediante ella podría contarse con una fuente de ingresos para la inversión social en las poblaciones de la isla. Según el dirigente, debe recordarse que ellos, por ser comunidades especiales, cuentan con una Ley marco que está por encima de las leyes ordinarias.

Y Cristóbal Ortega, también dignatario del Consejo Comunitario de Santa Ana, también expresó que apoya la instalación de una caseta para el cobro de un peaje social, ya que a través de los recursos recaudados los Consejos Comunitarios de debidamente conformados en la isla de Barú las distintas comunidades podrán adelantar proyectos sociales que mejoren sus condiciones de vida.

“El peaje es legal, constitucional y conveniente”: Marimón

De acuerdo con el director del Departamento Administrativo de Valorización del Distrito, Jorge Luis Marimón Blanco, el cobro de un peaje para mantener la Vía Transversal Barúa y realizar inversión social en las poblaciones de la isla ha sido una solicitud de las mismas comunidades de Barú, Ararca, Santa Ana y Pasacaballos. Según el funcionario, fue uno de los acuerdos a los cuales llegó la Administración con la comunidad en el marco de la consulta previa realizada antes de la construcción del Puente de Barú.

En concepto de Marimón Blanco, el Proyecto de Acuerdo presentado está fundamentado técnica, jurídica, económica y socialmente, ya que el cobro del peaje propuesto obedece a factores como los problemas de movilidad que se presentan en temporadas altas; al galopante deterioro de la malla vial; a los acuerdos de la consulta previa con las comunidades étnicas de los corregimientos de Barú, Pasacaballos, Ararca y Santa Ana; y la necesidad de crear una fuente de ingresos para el mantenimiento de la vía.

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