A pesar de advertencias, construyen torres de 30 pisos a 200 metros del Castillo San Felipe

De acuerdo con el director del Departamento Nacional de Planeación -DNP, Simón Gaviria Muñoz, el Plan de Ordenamiento Territorial -POT – de Cartagena debe servir para que la ciudad planifique estratégicamente su urbanismo con el fin de “garantizar la toma de decisiones estratégicas para el manejo adecuado del agua, el transporte, los residuos sólidos y el turismo”.

Curiosamente, el alto funcionario no mencionó uno de los bienes más valiosos de la Ciudad Heroica: el patrimonio representado en sus baluartes, los cuales son la esencia de su condición de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.

Y lo hizo -tal vez – por considerar que ello debía ser materia exclusiva del Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico -PEMP – de Cartagena, el cual, como el POT, está también en mora de ser formulado, debatido y aprobado.

En todo caso, el debate está abierto, y ya comienzan a mostrarse ejemplos de la absoluta necesidad de definir competencias y conciliar derechos e intereses.

Uno de ellos lo puso sobre el tapete el presidente del Concejo, Lewis Montero Polo: la construcción de un complejo de 30 pisos en el Paseo Bolívar, en el barrio Torices, a escasos 200 metros de uno de los bienes patrimoniales más importantes de Cartagena: el Castillo de San Felipe de Barajas.

El dignatario expresó su inquietud porque vaya a afectarse la visual del invaluable monumento, por lo que anunció que en el primer periodo de sesiones ordinarias de este año, que se instalará el próximo 1 de marzo, realizará un debate de control político sobre el caso, con el fin de determinar con precisión por qué, a pesar de la evidente inconveniencia de construir varios rascacielos a una cuadra del Castillo de San Felipe, las autoridades del momento autorizaron su construcción. Para el concejal Rafael Meza, además de la afectación en materia visual, debe considerarse igualmente el impacto en materia de movilidad.

El hecho es que los dueños del proyecto urbanístico ya comenzaron a vender en planos los apartamentos de 46 y 56 metros cuadrados que se construirían en cinco torres de 30 pisos cada una en un lote de 11.636 metros cuadrados localizado -como se dijo – sobre el Paseo de Bolívar, a escasos pasos del Castillo de San Felipe, luego de que el curador urbano número uno, Ronald Llamas Bustos, expidiera la correspondiente licencia a la Promotora Call 47 S.A., propietaria de ‘Aquarela’, un proyecto de construcción de viviendas de interés social.

Desde sus inicios, lo que hubo alrededor del caso fue un conflicto entre dos normas: las que buscan preservar los bienes patrimoniales, como el complejo de baluartes de Cartagena, y las que persiguen disminuir el déficit de vivienda existente en el país.

Y lo que ocurre es que, mientras el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena -IPCC – conceptúa que debe primar la Ley de Cultura, que establece -entre otras – la protección de la visual de los monumentos, el curador número uno es del criterio de que la Ley de Vivienda es jerárquicamente superior.

De acuerdo con lo que este portal ha podido establecer, aunque el actual POT solo permite la construcción de edificios de cuatro pisos en el lote adquirido por la Promotora Call 47 S.A. para su proyecto urbanístico, Llamas Bustos autorizó levantar cinco torres de 30 pisos ya que, según sus argumentos, la reglamentación de la construcción de viviendas de interés social está por encima de los POT, en materia de índices de construcción, siempre y cuando el lugar corresponda a los estratos 1, 2 o 3.

No obstante ello, desde abril del año pasado, previendo un daño irreparable a la condición de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad del Distrito, el IPCC ha advertido en varias oportunidades que las normas patrimoniales también deben ser tenidas en cuenta, ya que el propio Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, ha establecido que los proyectos que se pretendan desarrollar en un área de 200 metros alrededor de los Bienes de Interés Cultural, entre los cuales está el Castillo de San Felipe de Barajas y las baterías colaterales, deben regirse bajo recomendaciones especiales.

Revista Metro tuvo acceso al Acta Nº 5 del 28 de abril de 2016, en cual se indica que los miembros del Comité Técnico de Patrimonio coincidieron en manifestar su preocupación por la pretendida construcción de un complejo de 30 pisos en el Paseo Bolívar, ya que “este y todos los proyectos de similares características ejecutadas, proyectados y en ejecución, sobre áreas cercanas a los entornos patrimoniales, sin duda afectarán para siempre las vistas de esos entornos históricos patrimoniales, y se constituyen en un grave precedente en la conservación de nuestro patrimonio, ya que sin duda afectará para siempre las vistas de esos entornos históricos patrimoniales“.

En dicha acta se recuerda que “Cartagena ya tiene graves precedentes que llegaron para quedarse, como lo es el edificio Andian en la plaza de la Aduana con más de cien años, el Edificio Ganem de la calle de la Universidad con cerca de 70 años, presente en el perfil urbano del propio centro y para no ir más lejos la urbanización de la Matuna, sin duda la peor afrenta, desde los años cincuenta, marcó una profunda cicatriz imborrable en la morfología de nuestro Centro Histórico, estigmas que sin embargo, para paliar de alguna forma, buscamos declarar algunos de sus exponentes, como BICs distritales de la Arquitectura Moderna, todo esto demuestra que adoptamos esto, ya como doctrina del presente, que nos expondrá inexorablemente tarde o temprano a entrar en la lista de ciudad en riesgo de la Unesco“.

Se dice igualmente que “el comité técnico del IPCC considera que el proyecto VIS que se pretende desarrollar en cercanías del Castillo de San Felipe de Barajas, Patrimonio Histórico y Cultura de la Humanidad, afectará en forma negativa las relaciones espaciales y visuales existentes; en consecuencia, el Comité Técnico solicita al IPCC que se realicen las gestiones pertinentes con el fin de que se concerten soluciones que eviten afectaciones al Patrimonio Histórico y Cultural de todos”.

El pasado 17 de junio, la directora del IPCC, Bertha Arnedo Redondo, le envió una misiva al director de la División de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escovar Wilson-White, señalándole que el Comité Técnico de Patrimonio de la entidad a su cargo “determinó la latente afectación que podría existir en cuanto al paisaje urbano, por lo que manifiesta el interés de presentar esta inquietud ante su despacho, con el fin de poner en consideración la jerarquía que una ley está planteando sobre la otra y de priorizar, en el caso de las Ciudades Patrimonio, el aspecto patrimonial”.

En la misiva, Arnedo Redondo le pide a Escovar Wilson-White conceptuar sobre el tema “y avanzar conjuntamente en todo lo que pueda contribuir a la protección de nuestro patrimonio”.

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