Lo que podría estar oculto detrás del ‘Carcelazo’ a expresidente de la Asamblea

Luego de que este portal informara que el Juzgado 9o. Civil del Circuito había sancionado al expresidente de la Asamblea de Bolívar, Jorge Redondo Suárez, con arresto por diez días, que deberá pagar en las instalaciones de la Sijin, y una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incurrir en desacato al fallo de una tutela que le ordenaba entregar una información relacionada con la aprobación de unas facultades al parecer irregulares durante la anterior Administración Departamental, muchas son las preguntas que han surgido.

La primera es sobre quién interpuso las acciones que hoy tienen a un paso de un ‘carcelazo’ al dirigente político de Cambio Radical, conocido militante del grupo de la senadora Daira Galvis Méndez, y la respuesta es que fue el exdirigente político -candidato en una ocasión al concejo de Cartagena – Reynaldo Tovar Carrasquilla, quien actualmente dirige una corporación denominada Transparencia Caribe, uno de cuyos objetivos es ejercer control social a los entes públicos.

La segunda es qué solicitó Tovar Carrasquilla, y lo que se ha podido saber es que fue una información sobre el trámite de un Proyecto de Ordenanza radicado el 18 de diciembre del 2014, que buscaba que al Ejecutivo se le autorizara a disponer de recursos para una obra que, según el peticionario, ya había sido adjudicada, lo cual podría configurarse en una posible irregularidad.

La tercera es por qué ni el presidente de la época: Jorge Rodríguez Sossa, del Partido de La U, ni su sucesor en la alta dignidad: Jorge Redondo Suárez, ni cualesquier otros de los funcionarios de la Duma, han querido entregar la información solicitada. Y lo que se le ha dicho a Tovar -según declaró este a Revista Metro – es que, curiosamente, luego de radicar su petición “el acta desapareció, o ha sido dada por perdida, y aunque se me dijo que la iban a reconstruir eso es algo que al parecer aún no han hecho”.

Pero, ¿qué pretende probar Tovar con la información solicitada, que es la cuarta y más importante pregunta que se hacen muchos de nuestros lectores? Y la respuesta nos la da el mismo ciudadano.

“Creo que o la Asamblea se prestó para que la Administración Departamental de la época cometiera una ilicitud, o fue sometida a un engaño o una falsedad, ya que no es legal que se autorice a disponer de unos recursos, en este caso de vigencias futuras, si ya el proceso licitatorio correspondiente se había desarrollado, y ya las obras del caso habían sido adjudicadas, y más aún: si ya el contrato había sido firmado.”

“Justamente”, recalcó, “lo que pedí es que me explicaran y certificaran bajo qué argumentos jurídicos, fácticos y técnicos se le dio trámite y aprobación a la ordenanza 102 del 18 de diciembre de 2014, si se trataba de una licitación que había sido adjudicada el día 7 de noviembre de ese mismo año a la Unión Temporal Montes de María, de la Constructora Montecarlo Vías S.A.S., con una participación del 90%, y de Construarquing Ltda., con una participación del 10%, por valor de más de $37 mil millones”.

Estos recursos “eran para refaccionar 22 kilómetros de la vía que va del El Carmen de Bolívar a Macayepos, una obra orientada por la exsecretaria de Infraestructura, Dora Carmona Barroso”, agregó el quejoso.

Según Tovar, “la Asamblea nunca debió dar trámite y aprobar dicha ordenanza, ya que dichos procesos no se podían ajustar, por estar ya adjudicados y celebrados los respectivos contratos, contrariando la exposición de motivos y violando flagrantemente la Ley, el ordenamiento jurídico existente y en especial el Decreto 4836”.

“Adicionalmente”, dijo, “tenemos elementos probatorios que demuestran irregularidades en la ejecución del mencionado contrato, con la anuencia -al parecer – del consorcio interventor, en donde también se puede observar que el máximo representante del mismo ha fungido en un sinnúmero de procesos que están en proceso de investigación”.

Contexto:

– Obras contradas por la Gobernación y el Distrito, supervisadas con lupa…

 

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