Libertad a contratistas del ICBF, ¿una nueva pifia de la Fiscalía?

La juez 17 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, Yesenia Bonfante Segura, ordenó la libertad inmediata a las cinco personas a las cuales la Fiscalía solicitó capturar por considerar que pudieron haber incurrido en los punibles de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.

De acuerdo con la togada, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento la fiscal seccional 40, Dora Cáceres, no presentó suficientes pruebas ni testimonios que le permitieran inferir razonablemente la existencia de los delitos imputados, por los cuales se imponía ordenar la libertad de los investigados.

En concepto de la juez, se tuvo además como base para tomar su decisión el hecho de que los acusados hayan comparecido ante la justicia en cada una de las 11 ocasiones en las cuales fueron requeridos.

La juez no solo negó la solicitud de detención intramural solicitada por la Fiscalía sino también la suspensión de la personería jurídica de la fundación Prociencia, la entidad a través de la cual, según el ente investigador, se habían cometido las supuestas irregularidades.

Para uno de los defensores de los investigados, el conocido abogado Inocencio Meléndez Julio, “fue un triunfo de la libertad, pero también una derrota de la Fiscalía”.

El proceso continuará y, de considerarlo en su momento, el ente acusador podrá presentar nuevas pruebas y testimonios, pero deberá hacerlo con los acusados en total libertad.

Los hechos

Mediante un comunicado de prensa con el llamativo título de ‘Ofensiva de la Fiscalía contra la corrupción’, expedido en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción el pasado 9 de diciembre, la Fiscalía informó que “investiga presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato por valor de siete mil ochocientos dieciocho millones quinientos veinticuatro mil sesenta y cuatro pesos ($7.818’524.064), suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Prociencia”.

Según el remitido, “en la investigación se estableció la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía de mil quinientos sesenta y seis millones seiscientos cincuenta mil ciento noventa y ocho pesos ($1.566’650.198), mediante el cobro al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de refrigerios y complementos nutricionales que nunca fueron entregados, sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato, mediante la falsificación de facturas, entre otras irregularidades”.

Néstor Humberto Martínez

Ese mismo día, el propio fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, en una sonada rueda de prensa en la sede de la Fiscalía Seccional de Cartagena, anunció la captura de Olga Lucía Pérez Gutiérrez y Flor Elena Pérez Gutiérrez, representante legal y tesorera, respectivamente,  de la fundación Prociencia; y de Iván Camilo Mendoza Pérez y María Camila Mendoza Pérez, proveedores de la misma entidad.

El anuncio del fiscal fue presentado, en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, como ejemplo del esfuerzo de la entidad a su cargo por acabar el infame flagelo.

La información del fiscal general explotó como un petardo en el mundillo político local, ya que se trataba de familiares del concejal de Cartagena Américo Mendoza Quessep. Olga Lucía Pérez Gutiérrez es cuñada del cabildante; Flor Elena Pérez Gutiérrez es su esposa; e Iván Camilo Mendoza Pérez y María Camila Mendoza Pérez son sus hijos.

A la investigación también está vinculada Patricia del Carmen Arnedo, quien se desempeñó como representante legal de la fundación Prociencia durante el año 2015.

Como se recordará, la fiscal del caso, durante la correspondiente audiencia de imputación de cargos, aseguró que “era una unidad familiar a modo de organización delictiva”. Según Cáceres, se trataba una estructura tejida por la esposa e hijos del concejal Américo Mendoza para supuestamente apropiarse de recursos que debían destinarse a suministrar alimentación a los niños de varios municipios de Bolívar.

Al conocer la decisión de la juez, Mendoza manifestó que “la justicia siempre debe salir a flote. Esa es una frase tan sencilla como contundente. Lo digo porque a pesar de que mi familia y yo sufrimos el momento más difícil de nuestras vidas, nunca dejamos de creer que todo esto no sería más que un instante doloroso del que saldríamos victoriosos y fortalecidos como familia”.

“Como familia siempre hemos luchado por cambiar las condiciones en que viven muchos seres humanos. Producto de ello surgió Prociencia; producto de ello me decidí en iniciar este proyecto político en el que muchos cartageneros me acompañan”, declaró el concejal del Movimiento Social Independiente.

Críticas a la Fiscalía

La decisión de la juez Yesenia Bonfante de dejar en libertad, por falta de pruebas, a unas personas a las cuales la Fiscalía acusa de los supuestos delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado, produjo reacciones de diversa naturaleza en varios círculos locales.

Américo Mendoza

Uno de los primeros en reaccionar fue el concejal Mendoza, quien calificó de “irresponsable” la actuación del órgano acusador. “Enfrentarse al hecho de vernos separados como núcleo, víctimas de una decisión tan equivocada como irresponsable por parte de la Fiscalía, es una enorme prueba de fe”, manifestó el cabildante.

El periodista Humberto Orozco Cera, por su parte, publicó en el muro de su cuenta en Facebook que, “ante el innegable hecho de ser parte de esta familia declaro hoy, bajo mi propia responsabilidad, que lo hecho por la Fiscalía constituyó una evidente violación de forma y de fondo. Pero solo diré eso; que los hechos hablen por sí solos”.

En general, que la fiscal Cáceres se haya atrevido a asegurar que “era una unidad familiar a modo de organización delictiva”, ya que se había tejido una supuesta estructura para apropiarse de unos recursos estatales, según dijo, pero no haya podido sustentar debidamente las razones por las que lo manifestaba, ni haya presentado a juicio de la juez las correspondientes pruebas, es por lo menos una pifia sobre lo cual alguien debería responder.

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