El contratista, ¿aliado o enemigo de la administración?

fortichPor Neil Fortich Rodelo *

No solo de la lectura del inciso segundo del artículo 3 del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sino de la copiosa jurisprudencia y doctrina constitucional y administrativa nos queda claro que el contratista es un aliado de la administración; es un colaborador en la consecución de los cometidos o fines esenciales del Estado, esto es, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes.

Si hay una actividad reglada en Colombia es la contratación pública; sin embargo, sigue siendo el principal vehículo para que servidores públicos, financistas de campañas y particulares se apropien indebidamente de los recursos de la salud, educación, alimentación, seguridad, deporte, entre muchos otros bienes y servicios.

No han sido suficientes las reformas a la Ley 80 de 1993 y su cúmulo de reglamentos para evitar que la corrupción siga creciendo de forma galopante vía contrato estatal. Es tan cierta mi afirmación, que recientemente el presidente Juan Manuel Santos anunció que presentará al Congreso de la República una nueva Ley de Contratación, con el fin de garantizar la trasparencia en todos los niveles de gobierno, e invitó a gobernadores y alcaldes a comprometerse con un pacto de trasparencia para evitar actos de corrupción y direccionamientos de licitaciones.

También señaló Santos como jefe de gobierno, “estamos trabajando en una nueva Ley de Contratación Pública que, como ocurre en el mundo, y como recomienda la OCDE, debe establecer reglas de juego claras para todos los tipos de contratación, y no para un sector en particular”. “Tenemos previsto presentar esa reforma al Congreso en los próximos meses, y nuestro objetivo es que sea un Estado del arte en materia de contratación, porque la transparencia es la mayor garantía de la eficiencia”

Confieso que hice fuerza para que el Fiscal General de la Nación fuera Jorge Perdomo (quien al final ni siquiera fue ternado) y no Néstor Humberto Martínez. Me gustaba más Perdomo porque como vicefiscal y Fiscal General encargado demostró competencias, independencia, carácter y valentía, atributos que debe tener quien dirija el ente investigador y los órganos de control en general.

Pero las declaraciones realizadas por el señor Fiscal General de la Nación a través de los medios de comunicación el día 2 de diciembre pasado, cuando manifestó que unas “redes de Corrupción actúan como mafias de los 90” y que “muchas de estas redes están integradas en la nueva élite política, en algunos casos de orden regional, cuyo fin no es trabajar por la sociedad y el estado sino apropiarse del patrimonio público”, me borraron la imagen que tenía del nuevo Fiscal, pues de su idoneidad y competencias nunca dudé. Equivocadamente, por lo visto, había pensado que sería un fiscal tímido, amigo de todos, y que pasaría de agache ante ciertos hechos.

También señaló Martínez Neira que “los investigadores establecieron cómo corruptos de hoy en día se convirtieron en verdaderos carteles de la mafia que se valen de toda clase de acciones criminales para apropiarse de los recursos destinados para los más necesitados, como sucede con el programa de Alimentación Escolar -PAE – y los planes de acueductos departamentales y municipales, entre otros.”

Y mayor fue mi equivocación, cuando el pasado 9 de diciembre la Fiscalía dio un duro golpe en Cartagena en el caso de un presunto fraude en las elecciones locales pasadas, al capturar a un concejal, a dos altos funcionarios de la Registraduría y a dos particulares y, además, profirió varias órdenes de captura contra familiares de otro concejal de la ciudad.

Retomando al tema principal de esta columna, que es la actividad contractual, manifiesto mi complacencia con la anunciada nueva Ley de Contratación que busca la trasparencia en los procesos de contratación, con el objetivo de que no se direccionen las licitaciones que es el pan de cada día; que ese ramillete de entidades “sin ánimo de lucro -que están de moda, a propósito – y que no resisten la más elemental interventoría, no se queden con los recursos de los cartageneros, sobre todo los de las poblaciones más vulnerables. No sé de donde salieron tantas fundaciones en Cartagena; no entiendo la razón de tantas capacitaciones y programas que desarrollan. Habría que averiguar si cumplen con los objetos contractuales y quiénes están detrás de ellas.

En Colombia primero iniciaron arrebatándoles a los contratistas el 10%, luego el 20% y hoy exigen hasta el 30% para adjudicarle un contrato en cualquiera de sus modalidades, y por adelantado, lo que no solo configura un grave delito contra la administración pública y falta gravísima, sino que va en contra de la democratización de la contratación, pues no todo oferente tiene capacidad de pagar esa extorsión de manera anticipada. Los decentes no se someten, los que hacen parte del sistema sí.

La macabra práctica redunda en obras, bienes y servicios de mala calidad, pues el contratista, con el 30% menos del valor total, ya no puede ofrecer el mismo servicio o producto, y además el servidor público que exige la dádiva, y los interventores o supervisores que generalmente hacen parte del combo, no tienen autoridad para exigir el cabal cumplimiento del objeto, ni mucho menos calidad.

El contratista sometido ya no es ese aliado o colaborador de la administración, como lo establecen la ley, la jurisprudencia y la doctrina, sino un resentido que debe hacer magia para poder cumplir con sus obligaciones contractuales.

Y algo más: mientras no se controle el negocio de las financiaciones en las campañas y al servidor público no se le concientice que la función pública no es un negocio, no habrá reformas eficaces y la trampa seguirá latente.

 

* Abogado, Mg. en Derecho Público; expersonero distrital y docente universitario

1 Comment

  1. JHRP dice:

    Excelente el artículo de Neil Fortich. Debe recordarse que contratistas no son solo los de obras, son todos los suministradores para compras oficiales, sean productos o servicios de todo orden es especial en la salud con medicamentos, exámenes y procedimientos, en vivienda.

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