Expersonero denuncia presuntas irregularidades en ‘Casa Pa’ Mi Gente’

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De acuerdo con el expersonero distrital y actual director del colectivo ‘Observatorio a los Órganos de Control’, Neil Fortich Rodelo, el gerente de Corvivienda, William García Tirado, debe explicarle a la ciudadanía cómo su jefe de prensa (quien, según él, tiene ingresos mensuales que superan los $7 millones) pudo acceder a una de las casas sorteadas por la entidad; por qué la mayoría de los favorecidos son trabajadores de la Alcaldía y otras entidades públicas y privadas y no víctimas del conflicto, madres cabeza de hogar o personas en discapacidad; y cuál es la razón por la cual la entidad a su cargo pasó de tener 99 contratistas en el primer semestre de este año a 206 en el segundo semestre.

En declaraciones a este portal, Fortich Rodelo aseguró que “por lo menos hay un caso que demuestra que el programa ‘Casa Pa’ Mi Gente’ no fue el gran programa -transparente y probo – que con bombos y platillos se anunció“, ya que “el jefe de prensa de la propia Corvivienda, que no cumple con las condiciones para acceder a la oferta institucional de la entidad por tener ingresos muy superiores a los exigidos, fue uno de los favorecidos“, lo cual -dijo – “es una abierta irregularidad“.

figueroa-garcia1“El periodista Carlos Figueroa Díaz, tuvo la ‘suerte’ de ser uno de los beneficiarios de ‘Casa Pa’ Mi Gente’, y resulta que a él, dada su condición económica, no debió permitírsele inscribirse, ni mucho menos clasificar para ninguna de las modalidades que ofertó Corvivienda en el mencionado programa”, denunció Fortich. “Figueroa fue el jefe de prensa de las administraciones de Campo Elías Terán y Carlos Otero, devengando uno de los salarios más altos en el Distrito, y actualmente es el jefe de prensa de Corvivienda, donde recibe honorarios mensuales de $4 millones 200 mil; y además, como es de público conocimiento, el controvertido comunicador recibe ingresos adicionales por su trabajo en un programa radial y por visibilizar el trabajo de servidores públicos y por concepto de propaganda en un portal de Internet, situación que me permite afirmar que sus ingresos mensuales superan los $7 millones”, agregó (leer declaraciones completas).

Para Fortich, “los programas de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) tienen como finalidad atender de manera especial a sectores de la población que, por su condición de pobreza, vulnerabilidad y estado de debilidad manifiesta, no tienen posibilidades de acceder a una vivienda digna, y ello claramente no es el caso del comunicador Carlos Figueroa, por lo cual solicito que le sea revocado el subsidio, con fundamento en el artículo 3º de la Resolución 296 del 10 de octubre de 2016″.

neil-fortich2Pero, según el conocido abogado, el caso del coordinador de prensa de Corvivienda no es el único que hay que cuestionar. “Solicité toda la documentación relacionada con el proceso de selección y adjudicación de los subsidios de vivienda y me encontré otras situaciones que permiten inferir razonablemente que el proceso se adelantó contrario a la finalidad de la política pública de vivienda de interés social y prioritario, pues la asignación de los subsidios desconoció los principios de interés general, planeación, transparencia, imparcialidad y objetividad, entre otros”.

Según Fortich, “mientras que la clase trabajadora de Cartagena, que tiene más facilidad de acceder a vivienda a través de otros medios, fue favorecida con 514 subsidios, la población en condición de pobreza extrema, es decir, aquellas familias más vulnerables que ganan menos de un dólar al día, le fueron asignados solo 121 soluciones; mientras que los trabajadores de la Alcaldía, que no están en condiciones de vulnerabilidad ni debilidad manifiesta, fueron favorecidos con 111 subsidios, las víctimas del conflicto armado asentadas en Cartagena (que a fecha de 1 de octubre de 2016 son 123.010, según la Red Nacional de Información), solo contaron con la suerte de obtener 60 soluciones de vivienda; y mientras que a los periodistas se les favoreció con 72 subsidios, a la población discapacitada (que a falta de una caracterización no sabemos el número exacto pero que, de acuerdo con varias fuentes consultadas, podrían superar las 50 mil), solo tuvieron la suerte de salir beneficiados con 42 soluciones de vivienda”.

En sus declaraciones a Revista Metro, el expersonero y actual contratista de la Gobernación de Bolívar invitó al gerente de Corvivienda “a la austeridad y a hacer mejor uso de los dineros públicos”, tras preguntarse “cómo es posible que en el primer semestre la entidad bajo su cargo haya celebrado 99 contratos de prestación de servicios por valor de $2.310.230.000, y en el segundo semestre duplicara la contratación suscribiendo 206 contratos por $3.121.414.112”. Fortich se preguntó también si son “realmente necesarios los 41 abogados que hay contratados actualmente en Corvivienda.”

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William García, gerente de Corvivienda

“Fortich debe informarse mejor”: William García Tirado

Con el fin de conocer la versión del gerente de Corvivienda, William García Tirado, sobre los hechos denunciados por Neil Fortich, un reportero de Revista Metro visitó al funcionario en sus oficinas en el barrio Manga, donde el funcionario aclaró, en primer lugar, que a su coordinador de prensa, finalmente, “se le negó el subsidio”. “Carlos Figueroa está en la lista de los negados por nosotros, al igual que otros tantos, ya que se pudo comprobar que tienen ingresos mayores“, señaló. De acuerdo con el funcionario, “creímos en la buena fe de todas las 121 mil personas inscritas; además, no sabíamos quiénes eran los inscritos. Todos ellos se inscribieron con unos raseros básicos: que no tuvieran vivienda, etc; y en el caso de Figueroa hay que decir que a él se le negó el subsidio. El problema es de falta de comunicación. En total fueron aproximadamente 20 personas a las que después de inscribirse se les negó el subsidio, porque no fueron 100% sinceros al momento de darnos la información, es decir, colocaron información que no correspondía a la realidad. Era imposible que nosotros lográramos a los 121 mil inscritos hacerles un control previo, pero sí se los estamos haciendo ahora a quienes resultaron favorecidos“.

Sobre las críticas por la distribución de los potenciales beneficiarios, García Tirado aclaró que el grupo de Viviendas de Interés Prioritario -VIP, donde los subsidios son completos, era el destinado para la pobreza extrema, entre víctimas del conflicto y personas en condición de discapacidad, y que en ese grupo no hubo periodistas ni clase trabajadora. Donde sí hubo periodistas y clase trabajadora fue en el grupo para Viviendas de Interés Social -VIS, donde “Corvivienda aporta $10 millones, el constructor $7 millones, y el beneficiario debe reunir $1 millón 600 mil, para completar la cuota inicial, y el saldo con un préstamo o un cierre financiero como él lo considere”. En este grupo, indicó el funcionario, “cómo son 432, pasamos 280 para clase trabajadora que se gane máximo cuatro salarios mínimos, que no tengan viviendas. Hay 70 para funcionarios de la Administración que cumplan estos requisitos. 50 para periodistas, en esta misma condición; y 31 para personas en condición de discapacidad”. De acuerdo con García, “este grupo no está compitiendo con los desplazados, ni con los de pobreza extrema, ni con ningún otro grupo poblacional”, por lo cual “aquí no se ha violado absolutamente nada; lamentablemente hubo problemas de comunicación y el señor Fortich no fue informado de mejor manera” (leer declaraciones completas).

“Sobre el tema de las contrataciones”, señaló García, “debo aclarar que los primeros 99 contratos de este año se hicieron inicialmente por seis meses, y en el segundo semestre se volvieron a realizar, más unos cuantos, y ahora son 209. Y es una cifra mucho menor que el promedio que históricamente ha tenido la entidad. Muy inferior”.

“Y sobre los abogados”, agregó, “hay que decir que hay 27 demandas contra Corvivienda, y que en este año no hemos perdido una sola. Defendimos un caso que teníamos contra la empresa Conarc, que pretendía la suma de $5.500 millones, en enero cuando llegamos, y estábamos casi perdidos, y con la defensa judicial que hicimos logramos que esa demanda no fuera positiva para los señores sino para Corvivienda; nos fallaron solo en $220 millones.  Y a eso súmele nuestros programas de legalización, que puede mostrar 13.500 procesos de prescripción y de cesión gratuita. Todo ello justifica plenamente los abogados contratados”.

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