Tras apelar, los 19 concejales de Cartagena seguirán ocupando sus curules, pero…

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Luego de que la Procuraduría General de la Nación sancionara a 16 de los actuales 19 concejales de Cartagena por considerar que la elección de la abogada Nubia Fontalvo Fernández como contralora del Distrito violó la Ley de forma grave (leer nota ‘Procuraduría suspende en primera instancia a 16 concejales y a 10 exconcejales’), los disciplinados interpusieron la respectiva apelación. En consecuencia, mientras que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría no tome en segunda instancia una decisión definitiva, en el cabildo cartagenero no habrá cambios de caras.

De igual forma, mientras que el ministerio público resuelve las respectivas apelaciones, los 10 exconcejales que también fueron sancionados no tendrán por qué pagar las sumas estipuladas en el fallo, equivalentes al salario devengado para la época de los hechos cuestionados “según el número de sesiones pagadas y promediadas por el número de meses en que se efectuaron las mismas”, como se indica en el fallo proferido por el procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, Gustavo Adolfo Castro Capera.

No obstante, mientras se conoce el fallo de segunda instancia, una serie de hechos colaterales comenzarán a presentarse como consecuencia de la decisión inicial de la Procuraduría.

Lo primero es que desde ayer mismo, cuando este portal anunció que se leería el fallo de primera instancia sobre el sonado caso, comenzó a generarse una expectativa entre los seguidores de los 16 excandidatos al Concejo que obtendrían curules en caso de que la sanción de suspensión impuesta sea confirmada.

No obstante, lo que este portal pudo establecer es que sobre la legalidad de los reemplazos temporales hay dudas aún entre conocidos abogados.

De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 4o. del Acto Legislativo No. 3 de 2015, “los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la Ley, por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral (…) Para efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas (…)”. El parágrafo transitorio de esta norma establece que “mientras el legislador regula el régimen de reemplazos, se aplicarán las siguientes reglas: (…) constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el presente artículo”.

Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en su Concepto 2073 de 2011, manifiesta que “las faltas temporales no dan lugar a la designación de reemplazos, salvo en el caso de licencia de maternidad. De esta forma, las faltas temporales dejan de ser una forma de acceder, por vía de reemplazos, al ejercicio de funciones públicas en las corporaciones públicas de elección popular”.

En una consulta realizada a dicha Sala por el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, relacionada con la suspensión de 14 de los 17 concejales de Riohacha, se indicó que “cuando en un Concejo municipal se realiza la recomposición del quórum en los términos del artículo 134 de la Constitución Política, quedando conformada dicha corporación con tres concejales”.

En el caso de Cartagena, como se sabe, de quedar en firme la decisión del procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, serían suspendidos 16 de los 19 concejales.

De llegar ello a ocurrir, algunos analistas aseguran que el cabildo podría quedar largo tiempo conformado únicamente por tres cabildantes: Vicente Blel Scaff y Carlos Barrios Gómez, de Cambio Radical, y David Caballero Rodríguez, del Partido Conservador. Otros, en cambio, consideran que, de ser ratificada la suspensión a los concejales, los reemplazos temporales de estos serían quienes obtuvieron las votaciones subsiguientes en las respectivas listas de sus partidos y movimientos.concejales3

De ser así, en reemplazo de Rafael Meza Pérez, Zaith Adechine Carrillo, Jorge Useche Correa y Édgar Mendoza Saleme, del Partido Conservador, entrarían Rodrígo Reyes Pereira, Óscar Marín Villalba, Libardo Díaz Martínez y Wilmer Mosquera Cabarcas.

De David Dáger Lequerica, Javier Curi Osorio y Érich Piña Féliz, del Partido Liberal, los reemplazos serían Hermógenes Cota Hernández, Gabriel Medrano Romero y José Félix García Turbay.

Por César Pión González, Duvinia Torres Cohen y William Pérez Montes, del Partido de La U, ocuparían curul José Anaya Donado, Alberto Bernal Jiménez y Carlos Raad de la Ossa.

En reemplazo de Antonio Salim Guerra y Luis Cassiani Valiente, de Cambio Radical, obtendrían credencial Dagoberto Macias Cabrera y Senén Jaraba Colón.

Por Américo Mendoza Quessep, de la Alianza Social Independiente, entraría Édgar Miranda Herrera.

Por Ronald Fortich Rodelo, del movimiento Cartagena Confirmas, llegaría al Concejo Judith Díaz Agámez.

Por Angélica Hodeg Durango, de la Alianza Verde, ocuparía curul Lúder Ariza Sanmartín.

Y por Lewis Montero Polo, de Opción Ciudadana, lo haría Erasmo Alcázar Meléndez.

¿Y la contralora?

Este portal supo -asimismo – que los miembros de varias veedurías ciudadanas consideran que el fallo proferido por la Procuraduría deja en entredicho la permanencia de la abogada Nubia Fontalvo Fernández al frente de la Contraloría del Distrito.

De ratificarse la sentencia del procurador Segundo Delegado, Gustavo Adolfo Castro, la consecuencia lógica, según diversos analistas, es la salida de la funcionaria.

Prevaricato y pérdida de investidura

Revista Metro conoció -igualmente – que una carta enviada el 5 de enero de este año a la corporación edilicia por el exconcejal Adolfo Raad Hernández, donde se advierten las presuntas irregularidades que constató en primera instancia el ministerio público, será remitida a la Fiscalía Seccional con el fin de que evalúe la posibilidad de abrir una investigación por el presunto punible de prevaricato.

En su carta, Raad Hernández advierte también, antes de que se llevara a cabo la cuestionada elección de la contralora Fontalvo, que continuar con el proceso expondría a los concejales a eventuales acciones de pérdida de investidura.

Un desgaste jurídico, económico y político

“Es una lástima que la mesa directiva del año pasado no haya atendido los reparos legales que se hicieron sobre los procesos de escogencia de personero y contralor”, señaló el expersonero y exprocurador Delegado para la Moralidad Pública, Fabio Castellanos Herrera; “fue un desgaste jurídico, económico y político que ellos y los nuevos concejales, así como la ciudad, se pudo evitar”. Para Castellanos Herrera, quien -al igual que el exconcejal Adolfo Raad y otros actores locales – intentó prevenir a los concejales de Cartagena sobre la eventual comisión de irregularidades durante el proceso de selección de personero y conralor, manifestó que “seguramente esta decisión tendrá mayores repercusiones jurídicas y políticas, y debe servir de enseñanza para futuras actuaciones”. Según Castellanos, “se desaprovechó una hermosa oportunidad para hacer un proceso de escogencia de funcionarios de control, de acuerdo a criterios de objetividad e imparcialidad.”

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