Denuncian supuestas irregularidades en contratos de la exsecretaria de Infraestructura de Bolívar

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Lo que comenzó como un mero informe de actividades presentado por un miembro del gabinete departamental, solicitado por un diputado en ejercicio del control político que hace parte de sus atribuciones, terminó convertido en una serie de graves denuncias contra una alta exfuncionaria de la Gobernación de Bolívar.

Ayer, en el salón de sesiones de la Asamblea, en la calle Gastelbondo del Centro Histórico, la secretaria de Infraestructura de Bolívar, Hortensia Borge Fernández, tras informar a los diputados cuántas obras se encontraban en ejecución, cuántas suspendidas, cuáles se habían terminado y cuáles estaban por iniciar (<<< leer Reseña del Informe), denunció un hecho que sorprendió a todos los asistentes: su antecesora, Dora Carmona Barroso, no cumplió su deber legal de entregarle formalmente el cargo, por lo que tuvo problemas para acopiar la información que debió entregar a la duma.

En un carta a la cual tuvo acceso Revista Metro, fechada el pasado 11 de marzo, Borge Fernández le informa a la asesora de Despacho Laura Dáger Cabrales que “a la fecha no he recibido el cargo, muy a pesar de los requerimientos realizados a la Arg. Dora Carmona Barroso tal como consta en los oficios de fecha 15 de enero, 21 de enero y 18 de febrero de 2016”. En su carta, la secretaria hace alusión a la Ley 951 de 2005, la cual, en su Artículo 15, establece que “cuando el servidor público saliente se abstenga de realizar la entrega del informe de los asuntos y recursos a su cargo, en los términos de esta ley, será requerido por el órgano de control interno correspondiente, para que en un lapso de 15 días, contados a partir de la fecha de su separación, cumpla con esta obligación”, y en su correspondiente Parágrafo determina que “el servidor público saliente que dejare de cumplir con esta disposición será sancionado disciplinariamente en los términos de ley”.

Pero el citado incumplimiento no fue la única denuncia presentada de manera pública contra la exsecretaria de Infraestructura de Bolívar.

Documentos en mano, el diputado Manuel Berrío Scaff también puso en conocimiento de sus colegas varias presuntas irregularidades, cometidas al parecer durante el proceso contractual y precontractual de varias importantes obras, entre ellas la reconstrucción del Palacio de la Proclamación y de la vía que une el municipio de El Carmen de Bolívar con el corregimiento de Macayepos.

En el caso de la vía en la subregión de Los Montes de María, contratada por la suma de $37 mil millones, el diputado de Cambio Radical denunció que, en un hecho abiertamente irregular, la entonces secretaria de Infraestructura ordenó modificar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, sin la debida autorización, violando claros principios de la Ley de Contratación.

Más grave aún sin embargo, fue el hecho de que, sin suscribir ningún Otrosí, uno de los ítems contemplados: el traslado de material, pasó sospechosamente de 120 a 320 mil metros cúbicos, y su costó pasó sin explicación alguna de $596 millones a $1.026 millones.

En el caso de la antigua sede de la Gobernación, Berrío Scaff mostró como hecho singular que se hubieran adjudicado las obras a una Unión Temporal cuyos integrantes tenían unos porcentajes de participación muy distintos a los que hoy tienen. En uno de los casos: el del consorcio M&M, al momento de la adjudicación tenía un porcentaje de participación del 1% pero en la actualidad ejecuta el 56% del contrato, algo más de $18.294 millones, lo cual -según el diputado denunciante – es una clara violación a la Ley.

Denunció Berrío asimismo que, saltando también por encima de la Ley, la entonces secretaria de Infraestructura firmó los contratos de la Interventoría de los Centros de Desarrollo Infantil -CDI antes que los de la ejecución de las obras, cuando debe ser al contrario. “Hoy tenemos que hay unos interventores contratados pero sin trabajo que realizar, porque sucedió que las obras que debían supervisar no se contrataron”, señaló.

Sobre los mismos procesos contractuales -los de los CDI – el diputado llamó la atención sobre el hecho de que el acta de la audiencia pública esté fechada el pasado 31 de diciembre, “de una audiencia que según el acta comenzó a las 8 y 30 de la noche, y resulta que en ella aparece como si hubiera asistido el veedor Héctor Pérez, pero él asegura que jamás concurrió a dicha audiencia”.

Sobre esta audiencia del 31 de diciembre en horas de la noche, a Berrío le llamó la atención de que “hicieran las actas de audiencia; hicieron las resoluciones de adjudicación e hicieron los contratos, cuando uno sólo de ellos tiene 92 páginas y el otro tiene 172 páginas, todo ello a pocas horas de finalizar el 2015”.

Al término de la sesión, Berrió solicitó enviar copia del acta respectiva a los órganos de control, y los diputados presentes, mediante una proposición, aprobaron el informe presentado por la secretaria de Infraestructura de Bolívar, Hortensia Borge.

“Que las ías investiguen”: Berrío

Por petición de este portal, Manuel Berrío detalló el caso del contrato para la reconstrucción de la antigua sede del gobierno departamental. “Todo inicia con la Resolución 1339 del 21 de diciembre del 2015, que es con la cual se adjudica este contrato a la Unión Temporal ‘Palacio de la Proclamación’; esta UT está conformada por Harinsa Navasfalt, con un 30%; M&M Ingeniería & Construcción con un 10%; Arquitectos, Ingenieros y Contratistas, que tiene un 30%; e Inversiones Grandes Vías, que tiene un 30%. El valor del contrato es de $32 mil 757 millones. Pero cuando nos vamos al contrato que se elaboró el mismo día de la Resolución de Adjudicación, vemos que los valores se modifican, sin explicación alguna. Y entonces Harinsa Navasfalt continúa con el 30% que tenía; M&M baja del 10 al 1%. Arquitectos, Ingenieros y Contratistas baja del 30% al 9% e Inversiones Grandes Vías sube del 30 al 60%. Pero en el informe que nos entrega la secretaria actual, que fue el que le entregó a ella su equipo, ya que, como se dijo, no hubo empalme, se encuentra uno con que M&M, que debía ejecutar hasta el 1%, en realidad está ejecutando obras que suman $18.294 millones, es decir, el 56,15% del contrato. Arquitectos e Ingenieros, que debía adelantar obras por el 9%, está ejecutando $798 millones, es decir, el 2,4%. E Inversiones Grandes Vías, que debería ejecutar el 60%, está ejecutando sólo $2.766 millones, es decir un total de 8.49%”.

“Eso significa que M&M Ingeniería, una empresa que todos saben que fue la gran contratista de la Secretaría de Infraestructura del Departamento, que apenas tenía seis meses de haberse constituído cuando le adjudicaron el millonario contrato, está ejecutando el 56,15% de la obra cuando sólo aparecía con el 1%”, recalcó.

Al referirse otra vez al caso de los CDI, que para efectos de su ejecución a lo largo y ancho de Bolívar se dividieron en tres paquetes y se contrataron por separado, Berrío resaltó que el suscriptor del Contrato de Interventoría 2930 “no tiene a quien hacerle interventoría porque la licitación de las obras fue declarada desierta”.

“Pero lo más grave es que alguien está manipulando ilegalmente las claves del Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública)”, advirtió Berrío. “Una propuesta económica, la de M&M, fue subida al Secop el 22 de junio de este año, apenas hace un mes, y la firma que aparece es falsa, como puede fácilmente apreciarse, ya que incluso el nombre de la representante legal, Katherine González Oliva, aparece equivocado”.

“Estos casos”, señaló el drigente político”, deberán ser investigados por la Contraloría General de la República, ya que, por tratarse de recursos de regalías, a la Contraloría Departamental se le escapa de sus competencias”.

De acuerdo con otra fuente consultada por este portal: un funcionario de la Gobernación de Bolívar que viene de administraciones anteriores, sobre este caso hay preocupación entre algunos trabajadores ya que “lo que evidentemente se ha pretendido es corregir una irregularidad con otra ilegalidad, ya que el documento recientemente montado debió estar colgado en el Secop desde el año pasado, y todos saben que esto puede tener consecuencias penales”.

M&M, ¿la súpercontratista en Infraestructura?

“Aunque no hemos aún tenido acceso a toda la información, de lo que encontramos podemos deducir que existe, al parecer, una serie de contratistas que se repiten, como es el caso de M&M”, señaló Manuel Berrío; “esta empresa, solo en los procesos a los que pudimos tener acceso, se ganó todas las licitaciones en las que participó; esto nos llamó mucho la atención y revisamos en su Certificado de Existencia y Representación Legal que fue creada a finales del año 2013, en el Departamento de La Guajira, y su actual representante legal fue nombrada apenas en el 2015, justo antes de tener la suerte de ganarse mas de $100 mil millones en contratatos con la Gobernación de Bolívar”.

“Fue por ello”, agregó, “que le solicitamos a la actual secretaria de Infraestructura la revisión física de todas las carpetas de la contratacion realizada por su antecesora, para poder revisar los acuerdos consorciales, las planillas de pagos de seguridad social prestaciones y paraficales, tal como quedaron plasmados en las propuestas presentadas, las bitácoras diarias de obras, los pagos tributarios y los Otrosíes modificatorios, entre otros documentos” (<<< leer ‘Carta de Berrío a Hortensia Borge’).

 

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