Una carta a la carta

amylkar-acosta2Por Amylkar Acosta Medina *

“Ni el éxito es definitivo, ni el fracaso fatídico.
Lo que cuenta es el valor para continuar”
Winston Churchill

EL REVOLCÓN CONSTITUCIONAL
El pasado 4 de julio se conmemoraron en la emblemática ciudad de Rionegro (Antioquia), cuna de la Constitución de 1863 prohijada por el Radicalismo liberal, los primeros veinticinco años de la Constitución que nos rige desde 1991. Su expedición se originó en una “séptima papeleta” que nunca se escrutó, pero que la Sala Constitucional de la otrora Corte Suprema de Justicia validó y consintió, mediante la cual se convocó, a través del Decreto de Estado de Sitio 1826 de 1990, una Asamblea Constitucional para reformar la Constitución de 1886. Ya reunida y a poco andar dicha Asamblea se declaró omnímoda y se trastocó en Asamblea Nacional Constituyente y en lugar de reformar la Constitución, que fue su cometido primigenio, una vez más con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia, la cambió de cuajo, dándole al país una nueva Constitución. A ello se llegó después de varios intentos fallidos de reformar la Carta y de los acuerdos que hicieron posible la desmovilización y reincorporación a la sociedad civil de varios grupos insurgentes, encabezados por el M- 19, el Quintín Lame, el EPL y el PRT.

Es de anotar que con esta nueva Constitución se completaron 9 en el decurso de nuestra era republicana, de las cuales sólo tres, la de 1863, la de 1886 y la de 1991 perduraron más de 20 años de vigencia. Las demás sólo fueron flor de un día. Se volvió un lugar común decir que la partera de todas las constituciones que nos han regido fueron las constantes guerras civiles que en número de 9 a escala nacional padeció nuestro país en el siglo XIX. Sin embargo, según el autorizado concepto del historiador Eduardo Posada Carbó, sólo las de 1863 y 1886 tuvieron ese origen, “hubo otras fruto de acuerdos, como las de 1853, las reformas sustanciales de 1910 y, claro, la de 1991”.

Y el anunciado “revolcón” institucional anunciado por el Presidente Cesar Gaviria al instalar las sesiones de la Asamblea se hizo realidad. La nueva Carta de navegación que esta Constituyente le dio al país resultó ser de carácter garantista, amparando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, que ahora son iguales ante la Ley y significó el paso de la democracia representativa de enantes a otra de participación. Fueron varios los mecanismos de participación que se crearon, tales como la Consulta popular, el Referendo, el Plebiscito, ahora tan en boga, Cabildos abiertos y hasta iniciativa popular legislativa . Del Estado confesional entronizado por Rafael Núñez, al alimón con Miguel Antonio Caro, en la Constitución de 1886 se pasó, sin vísperas, a un Estado social de derecho, pluralista, que reconoce a las minorías nacionales y salvaguarda sus derechos. Además, se les dotó de unos valiosos instrumentos para hacerlos valer, tales como la Acción de Tutela , la Acción de Cumplimiento , la Acción Popular y de Grupo , así como la posibilidad de la revocatoria del mandato a los mandatarios seccionales que son elegidos popularmente. Los alcaldes y gobernadores, que a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución también son elegidos, son depositarios del voto programático y su incumplimiento les puede acarrear su revocatoria.

DE LA DESCENTRALIZACIÓN A LA AUTONOMÍA REGIONAL
Un avance muy importante fue el paso que se dio con esta Constitución al reconocer que Colombia, como lo señaló López de Mesa, “es un archipiélago de regiones”, a las que ahora se les reconoce su autonomía territorial y deja abierta la posibilidad de que las mismas se puedan constituir como Entidad territorial , lo que antes sólo les estaba reservado a los municipios y departamentos. Los constituyentes de la región Caribe Orlando Fals Borda, Eduardo Verano, Juan B. Fernández Renowitsky y Carlos Rodado Noriega, fueron sus principales impulsores. Desafortunadamente, para avanzar en esa dirección y hacerlo efectivo es menester la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) y la aprobada por el Congreso de la República resultó ser una Ley inicua, inocua y vacua, porque en lugar de desarrollar el precepto constitucional, que es para lo que sirven las leyes, se limitaron a transcribirlo. Esta sigue siendo una asignatura pendiente, así como el ordenamiento del territorio. La falta de este se ha constituido en una de las principales fuentes generadoras de conflicto en el territorio, ya sea por el uso y/o por la ocupación del mismo.

Y lo que es peor, no solo no se ha avanzado en autonomía sino que en estos 25 años se ha venido dando imperceptiblemente un proceso de recentralización, la cual se pretende disimular a través de una descentralización disfuncional, delegando funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin recursos. De este modo se ha venido transgrediendo un principio consagrado en la propia Constitución, según el cual ello no es dable hacerlo si, al mismo tiempo, no se les transfieren los recursos necesarios y suficientes para asumirlos.

LA APERTURA POLÍTICA Y LA DECADENCIA DE LOS PARTIDOS
Este “revolcón” sirvió también para la apertura política, rompiendo el bipartidismo liberal – conservador que se impuso en Colombia a partir del plebiscito de 1957. Las tres ramas del poder público se abrieron a otras banderías políticas, se eliminaron los feudos podridos aherrojados por los gamonales de siempre a través de la elección de senadores por circunscripción nacional, se hizo una reforma profunda del Sistema electoral, constitucionalizándolo. Se ampliaron las garantías a electores y elegidos y aunque no se estableció la obligación del voto si se dejó dicho que su ejercicio es un derecho y un deber del ciudadano. Al elevar a rango constitucional al Consejo Electoral , máximo organismo de dicho Sistema, se le empoderó notoriamente, pero al atribuir la elección de sus miembros al Congreso de la República por una reforma posterior y no al Consejo de Estado, como se venía dando, perdió totalmente su autonomía e independencia.

No obstante, la obstinación de no imponer la financiación estatal de las campañas y la falta de democratización de los partidos políticos han desvirtuado estos logros. A falta de ello las elecciones han devenido en especies de bazar de los idiotas en el que los dineros de toda procedencia imponen su ley y los partidos políticos, además de desideologizarse perdiendo su norte, han quedado reducidos a simples dispensadores de avales. Y de contera los partidos se han desconectado de sus bases sociales y funcionan en las regiones como si fueran franquicias al servicio de quien ostenta la credencial de Senador o Representante a la Cámara. Entre tanto el Código Electoral se quedó obsoleto, pues data desde antes del 91; a guisa de ejemplo de lo absurdo de ello, nos topamos con que mientras en los procesos electorales se impuso el tarjetón electoral y para asignar curules se utiliza la cifra repartidora, en el Código todavía se habla de papeletas, de cocientes y residuos (¡!).

DEL MODELO ECONÓMICO
En lo atinente al Modelo económico, este tuvo un gran influjo de la concepción neoliberal, más conocida como el Consenso de Washington, término este acuñado por su inspirador en 1989, el economista John Williamson, que estaba en todo su furor en el momento de su expedición. Pero, al mismo tiempo entre los constituyentes había una fuerte corriente keynesiana. Al final, como solución de compromiso de esta tensión entre uno y otro Modelo, terminó imponiéndose un Modelo ecléctico, dicotómico, prendiéndole una vela a Dios y otra al diablo, que podría sintetizarse en la máxima socialdemócrata de Konrad Adenauer, que recogió el Primer Ministro Británico Tony Blair con su Tercera vía: “tanto mercado como sea posible y tanto mercado como sea necesario”. Ello se refleja en la Autonomía del Banco Emisor que quedó consagrada en la Constitución, la intervención de los agentes privados en la prestación de los servicios públicos , al tiempo que el Estado se reserva su capacidad reguladora y de intervención cuando se requiera para que el mercado funcione apropiadamente.

Un aspecto primordial de la nueva Constitución y que le imprimió su sello es el concerniente al principio del Desarrollo sostenible . En ello influyó mucho el ex presidente Misael Pastrana Borrero, quien lideró en la Constituyente esta iniciativa. Colombia fue pionera en Latinoamérica en acoger las recomendaciones que emergieron de la Cumbre de Río que tuvo lugar en 1992 y, en desarrollo del precepto constitucional le dio vida al Ministerio de Ambiente y al Sistema Nacional Ambiental que preside y del cual hacen parte las corporaciones autónomas regionales, que antes eran de desarrollo y ahora adquieren un carácter ambientalista.

EL FETICHISMO NORMATIVO
Esta Constitución tuvo una serie de particularidades dignas de destacar, además de lo farragoso de su texto, integrado por 379 artículos, 161 más que la de 1886. Además de ser la novena en 200 años de vida republicana, que contrasta con EEUU que sólo ha tenido una, la que rige actualmente, desde que fue expedida en 1787. La última de nuestras constituciones, la de 1991, ya ha tenido 41 reformas, que han modificado 127 artículos, mientras la de EEUU ha tenido sólo 27 enmiendas en toda su historia. Y ahora se espera que para poner a tono la Constitución con los acuerdos de La Habana se prevé por parte de los expertos que puede conllevar unas 35 reformas más. El fetichismo normativo alienta esta fiebre reformista, al creer que todos los problemas se resuelven o expidiendo una nueva Ley o reformando la Constitución. Ello pone de manifiesto la gran inestabilidad jurídica de nuestro ordenamiento constitucional, a lo cual vienen a sumarse los frecuentes cambios de jurisprudencia de parte de la Corte Constitucional , creada para servir de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. Los temores del inmolado magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona cruz de que la Constitución Política, la Norma de normas de Colombia, devendría en una Carta a la carta no eran infundados.

Entre las 41 reformas que ha tenido la Constitución de 1991 uno encuentra de todo, unas convenientes otras inconvenientes y otras tan nefastas como la que introdujo la reelección presidencial inmediata mediante la reforma de un “articulito”, que después fue derogada mediante otro “articulito” en otro Acto legislativo. Varios de estos cambios a la Constitución constituyeron retrocesos con respecto a los avances logrados. Entre estos podemos destacar los actos legislativos 01 de 2001 y el 04 de 2007, a través del cual se le recortaron las mal llamadas “transferencias” de la Nación a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones , al cambiar la base de cálculo y liquidación de las mismas. Se estima que por cuenta de estas dos reformas a la Constitución las regiones dejaron de recibir entre 2002 y 2014 la bicoca de $123 billones, recursos estos que tienen a la salud, la educación y el saneamiento básico como destinación específica. Otra reforma muy controvertida fue la que modificó y constitucionalizó el régimen de regalías , la cual, aunque benefició a los departamentos y municipios que, por no ser productores de recursos naturales no renovables (RNNR), no eran beneficiarios directos de las mismas, afectó notablemente a los productores, que pasaron de recibir en promedio el 74% de tales recursos a recibir actualmente como asignación directa sólo el 10%. Ello ha contribuido a crear un clima adverso a la actividad extractiva en las regiones que poseen los RNNR.

EL TRÁNSITO DE LA GUERRA HACIA LA PAZ
Dice el pasaje bíblico que todo tiene su momento; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo: un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Por nuestra parte podemos decir, parodiando al hidalgo de la triste figura, que ni el bien ni el mal son duraderos y siendo que esta guerra ha durado tanto la paz debe de estar cerca. Y hay una razón muy poderosa para ello, pues como lo acota nuestro laureado García Márquez, “nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria” a la guerra y a la destrucción. Y la aspiración de todos los colombianos ha sido la misma de él, hacer de la paz “una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir… donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Pues bien, el pasado 23 de junio se firmó en La Habana el Acuerdo por parte del Presidente Santos, como Jefe de Estado y de Gobierno de Colombia y Rodrigo Londoño, alias Timochenco, Comandante en Jefe de las FARC, poniéndole término a un conflicto armado que cumplió 52 años el pasado 27 de mayo. Como el mantra de la Mesa de negociación ha sido que nada está acordado hasta que todo esté acordado y aún resta por cerrar algunos temas de la Agenda convenida de 6 puntos, se está la espera de la firma del Acuerdo final en cuestión de días. Bien se ha dicho que este no será un punto de llegada sino un punto de partida para la construcción de la paz, que demandará tanto o mayor esfuerzo que el Acuerdo mismo y que deberá empezar por la implementación de lo acordado. Podemos, entonces, afirmar con Sir Winston Churchill que “este no es el fin, no es ni siquiera el principio del fin, pero sí el fin del principio”.

Pese a las especulaciones en sentido contrario, lo cierto es que ni el Estado social de Derecho ni el Modelo económico han estado en juego en el transcurso de las negociaciones, ni el uno ni el otro son negociables en la Mesa, han sido dos inamovibles para quienes han adelantado las negociaciones con las FARC en nombre del Estado Colombiano, del establecimiento. Es más, los negociadores de las FARC se acogieron a uno de los mecanismos de participación de ese Estado de Derecho que sigue incólume después de los acuerdos, como lo es el Plebiscito y de contera manifestaron aceptar la decisión que tome la Corte Constitucional , que deberá pronunciarse sobre la exequibilidad de la Ley que lo convoca. En ello hay implícitamente un tácito reconocimiento de la institucionalidad colombiana y lo hacen por primera vez desde que se alzaron en armas contra ella, tiene esa connotación. Lejos estamos, entonces, de ese escenario catastrofista que pintan algunos agoreros de desastres, detractores del proceso de las negociaciones, en el que el Estado Social de Derecho y el Modelo Económico serían defenestrados; bien lo dijo el Presidente Santos aludiendo a semejante insania: “no habrá una revolución por decreto”.

Justamente para evitar dar un salto al vacío fue por lo que el Presidente Santos se opuso con terquedad aragonesa a la convocatoria de otra Constituyente para la refrendación de los acuerdos en que se empecinaban las guerrillas de las FARC hasta el pasado 23 de junio, que fue cuando accedieron a la fórmula del Plebiscito. No faltaron quienes cándidamente le hicieron coro a esa propuesta, que entrañaba un serio peligro, pues ya sabemos cómo empiezan las constituyentes pero nunca sabremos cómo terminan. El éxito de estas negociaciones ha radicado, precisamente, en el aprendizaje de las lecciones aprendidas a lo largo de muchos lustros de éxitos y fracasos. Cuántos ensayos no llevó a cabo Thomas Edison hasta dar con su invento de la bombilla eléctrica y lo logró, no sin antes dejar atrás todos sus fracasos anteriores. Y al referirse a los experimentos frustráneos antes de coronar con éxito su empeño, dijo: “no fracasé, sólo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla” y al completar 1.000 se hizo la luz!

* Presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

 

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