Juez decreta la libertad a investigados por presuntas irregularidades en Edurbe

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El proceso abierto por la Fiscalía Seccional de Cartagena por presuntas irregularidades en la suscripción y posterior ejecución de un Contrato Interadministrativo cuyo objeto era la ejecución de 32 obras de infraestructura en diversos barrios de la ciudad (muchas de las cuales fueron desarrolladas sólo parcialmente, e incluso varias jamás fueron  siquiera comenzadas, a pesar de haber sido pagadas en su integridad) deberá seguir adelantándose con los involucrados en libertad.
 
Así lo determinó el Juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena, José Luis Sepúlveda, al acoger el concepto de los abogados Mónica Safar y Antonio Laitano, defensores del gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. –Edurbe, Ramón David Expósito, y de Arnold Toscano, defensor del exalcalde local Amaury Lora Márquez, entre otros, y ordenar la inmediata libertad de los involucrados.
 
Al término de la audiencia realizada ayer en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena, en la plazoleta Benkos Biohó, el juez ordenó también la libertad a los demás detenidos el pasado martes 21 de junio en un operativo adelantado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol –Dijín – de la Policía, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI – de la Fiscalía.
 
Como se recordará, ese día fueron capturados tres funcionarios y dos exfuncionarios con el fin de que respondieran por sus eventuales responsabilidades en presuntos hechos de corrupción derivados de la firma y ejecución del Contrato Interadministrativo No. 001/11 que por valor de $1.500 millones suscribieron durante la Administración de Judith Pinedo Flórez el entonces gerente de Edurbe, Augusto Mainero Román, y el alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, Amaury Lora (<<< leer ‘Por presuntas irregularidades en Eduerbe capturan a funcionarios y exfuncionarios’).
 
Los tres funcionarios y dos exfuncionarios, a los cuales les legalizaron debidamente sus capturas, les establecieron como medida de aseguramiento detención intramural y posteriormente les ordenaron su libertad, son Ramón David Expósito, actual gerente de Edurbe; Amaury Lora y Mauricio Betancourt Cardona, los dos anteriores alcaldes de la Localidad Histórica y del Caribe Norte; y Boris Burgos Burgos y Alfonso Echeverría Suárez, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, quienes fungieron como interventores del contrato (<<< leer ‘Piden investigar eventual responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva de Edurbe’).
 
De acuerdo con lo que se pudo establecer, a los dos exalcaldes locales: Mauricio Betancourt y Amaury Lora, les imputaron celebración indebida de contrato sin el lleno de los requisitos y peculado en favor de tercero, y les dictaron medida de aseguramiento no privativa de la libertad; en virtud de esta última decisión, los dos exfuncionarios deberán presentarse cada 15 dias al Centro de Servicios Judiciales. Lora deberá pagar -además – una caución prendaria equivalente a 60 salarios mínimos legales vigentes.
 
Entretanto, ni al gerente de Edurbe, Ramón David Expósito, ni a los dos exinterventores, les imputaron delito alguno, por lo que deberán enfrentar lo que resta del proceso en plena libertad.
 
La defensa
 
Sobre los argumentos esbozados por la defensa para exigir la libertad de sus defendidos se supo que giraron, principalmente, sobre el hecho de que estos no representan peligro para la sociedad ni están en capacidad de alterar pruebas
 
Además, de acuerdo con una fuente cercana a los involucrados que pidió reserva de su nombre, se habría demostrado que la Fiscalía se equivocó -por un error de interpretación de la Ley 80 de 1993 – al inferir que debió ordenarse una licitación pública “siendo que los convenios interadministrativos están permitidos por la propia Ley 80 y todas las sucesivas”. “Otro error“, señaló, “fue creer que haber pagado un anticipo del 100% es ilegal; eso no se llama técnicamente ‘anticipo‘ sino ‘pago anticipado’, y es perfectamente legal”.
 
“Le cuento que los abogados contratados por el doctor Expósito, los doctores Mónica Safar y Antonio Laitano, le dieron sopa y seco a la fiscal”, manifestó. La sensación que quedó después de sus intervenciones es que, al menos, los delitos fueron mal imputados. Habrá que continuar el proceso y demostrarse quiénes son culpables y quiénes son inocentes, o como dijo Metro, ver si ‘están todos los que son y son todos los que están’, pero mientras tanto los  imputados no tienen porque estar necesariamente presos. Mire, apúntelo, va a haber una millonaria demanda contra la Nación, la van a ganar y, como siempre, lo pagaremos los contribuyentes”.

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