La contralora distrital no asiste a las sesiones del Concejo pero sí acudiría a la audiencia

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A la Procuraduría Regional Bolívar le llamó la atención que, a pesar de que el pasado 8 de febrero un Juez de la República había dejado sin efectos la elección de la contralora de Cartagena, Nubia Fontalvo Hernández, por posibles irregularidades durante el proceso de selección por parte del Concejo distrital, la funcionaria continuó al frente del órgano de control fiscal hasta el 21 de febrero de este año.

 
Para el Ministerio Público, podría ser “grave, a título de dolo“, que el Juzgado Cuarto Penal para Adolescentes con funciones de Control de Garantías haya suspendido provisionalmente a Fontalvo pero esta, a pesar de haberse notificado del correspondiente fallo, haya continuado expidiendo actos administrativos y, en general, proseguido ejerciendo sus funciones, desde el 12 de enero y el 21 de febrero de este año, “infringiendo el deber de atender los efectos derivados de la mencionada decisión judicial”.
 
Por ello, el ente de control disciplinario citó a audiencia pública a la contralora del Distrito, en el marco de un proceso de carácter verbal abierto por la presunta comisión de la citada irregularidad, la cual se llevará a cabo este martes (28 de junio), a partir de las 9 de la mañana, en la sede de la Procuraduría Regional Bolívar, en la calle de La Chichería.
 
Durante la audiencia convocada, durante el cual la investigada o su apoderado deberán rendir versión de los hechos y solicitar o aportar las pruebas que consideren necesarias, podría establecerse también la responsabilidad que tendría el Concejo de Cartagena en el caso, ya que no habría cumplido su deber de encargar a quien reemplazara provisionalmente a la funcionaria suspendida.
 
Hasta el momento de escribirse esta noticia la funcionaria no había decidido si asistir a la audiencia o enviar a un apoderado. “Lo más seguro es que opte por lo segundo”, reveló una fuente del Concejo con vínculos con la Contraloría; “si no acude a las sesiones de la corporación menos se atreverá a comparecer ante la Procuraduría”.
 
Como se recordará, el juez Cuarto Penal Municipal para Adolescentes, Carlos García Granados, en fallo de primera instancia, dejó sin efectos la elección de la contralora distrital y le ordenó al Concejo devolver a la etapa de las entrevistas el correspondiente concurso de méritos. En el fallo, el juez dispuso que fueran los actuales concejales quienes entrevistaran a quienes “lograron integrar la lista de elegibles” (<<< leer ‘La coalición del Concejo distrital sufrió su primer traspiés político’).
 
Luego de que Fontalvo le pidiera al juez un plazo prudencial para ejercer su derecho a la defensa, el togado se lo concedió pero, seguidamente, se ratificó en su decisión de decretar la nulidad del nombramiento de la contralora “hasta tanto se subsane el defecto anotado” (<<< leer ‘Fallo de Tutela enfrenta a un Juez y a la Contralora de Cartagena’).
 
Como se sabe, el proceso disciplinario de carácter verbal abierto por la Procuraduría contra la contralora distrital, por haber continuado en el cargo a pesar de la existencia de una orden de suspensión por parte de un juez, es distinto al que involucra a 14 de los actuales 19 concejales, así como a 10 de los exconcejales del Distrito, por haber designado a Nubia Fontalvo a pesar de que esta no superó el puntaje requerido en la prueba de conocimientos (<<< leer ‘Ternar y elegir a Nubia Fontalvo como contralora enreda disciplinariamente a 14 concejales’).
 

Tampoco tiene que ver, como igualmente se sabe, con los procesos abiertos porque, según demanda del expersonero y exprocurador delegado para la Moralidad Administrativa, Fabio Castellanos Herrera, los concejales que culminaron su periodo el pasado 31 de diciembre habrían violado la Ley y sus propios actos administrativos al realizar la entrevista a los aspirantes preseleccionados por una firma cazatalentos, cuando ello era competencia exclusiva de los nuevos concejales que eran -además – quienes iban a realizar la respectiva elección (<<< leer ‘Tribunal admite una de las tres demandas instauradas contra la elección del personero’).

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