Justicia plena

Por Carlos Ardila González *

El envío de una carta a la Fiscalía General de la Nación por parte de dos colectivos ciudadanos pidiendo investigar si recursos provenientes de unas concesiones, así como de contratistas de obras civiles pagadas pero no concluidas durante el gobierno de Dionisio Vélez Trujillo, habrían ido a parar a unos paraísos fiscales, fue una de las noticias más leídas y comentadas durante este puente festivo.

Para la mayoría de nuestros lectores, es justo y necesario determinar si el lamentable estado en que se encuentran muchas de las obras ejecutadas por la Administración anterior con recursos de vigencias futuras es por meros errores técnicos. O por negligencia de contratistas e interventores. O por indolencia del alcalde y el secretario de Infraestructura de la época. O es la consecuencia de un intrincado concierto para delinquir en el cual habrían participado servidores públicos de todos los niveles. O por todas las anteriores causas, como muchos se inclinan por creer.

Nuestros lectores recordaron en sus comentarios que lo que hoy preocupa al actual gobierno del Distrito lo advirtió la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar durante la etapa precontractual de muchas de las obras que hoy se cuestionan, cuando aún era posible evitar el error de encomendar a unos pocos contratistas la ejecución de decenas de disímiles obras a lo largo y ancho de la geografía local. Para esas fechas -recordaron – el entonces presidente del colectivo gremial, Alfredo Pineda Corena, previno sobre las consecuencias negativas del forzado empaquetamiento de obras; advirtió sobre la gravedad de que algunas interventorías fueran contratadas después de empezados los trabajos; y denunció que personas ajenas a la Administración habían participado en la elaboración de los pliegos licitatorios, entre otras irregularidades, pero el gobierno del ‘Ahora Sí’ no atendió las inquietudes del gremio que, en virtud de la Ley, es un órgano consultivo del Estado.

Se acordarían que fue un tema que la Cámara Colombiana de la Infraestructura expuso también a nivel nacional. Que su director, Juan Martín Caicedo Ferrer, declaró en Bogotá lo que para la época era vox pópuli en Cartagena: que lo que sucede en varias entidades territoriales es que los procesos “están amarrados”. “La tendencia son adjudicaciones con un solo proponente”, dijo el dirigente gremial al cuestionar la práctica del ‘empaquetamiento’ de obras, ya que, según se ha podido probar, “la mayoría de las obras contratadas de esta manera terminan siendo fallidas o inconclusas. Como una porción del presupuesto se destina a pagar la corrupción y las mordidas, el contratista en vez de hacer diez kilómetros de vía hace cinco, o la hace toda pero de muy mala calidad”.

Recordarían igualmente los lectores de este portal que el Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal, integrado por la Fundación Cívico social pro Cartagena, el Consejo Gremial de Bolívar y la Fundación Mamonal, en un documentado informe, cuestionaron también los resultados de la inversión de parte de los $250 mil millones ejecutados por la Administración anterior, ya que muchas de las obras fueron inauguradas pero no concluidas; o terminadas pero ya presentan un franco deterioro.

Y que todo lo que para esos días se advirtió, se previno y se denunció ha sido corroborado por el gobierno de ‘Primero es la Gente’. El secretario de infraestructura, Wilson Herrera Díaz, ha comenzado a levantar la voz, tras cinco meses intentando ‘solucionar por las buenas’ los graves problemas encontrados. El funcionario ya admite que -en efecto – hay por lo menos 60 obras atrasadas o inconclusas. Son -por lo menos – 50 calles, cuatro colegios y tres centros de salud que tienen demoras injustificadas. El caso de los centros de salud: los de Canapote, Daniel Lemaitre y El Líbano, son emblemáticos: el alcalde Dionisio Vélez los inauguró con bombos y platillos pero hoy presentan retrasos significativos; de hecho, el de El Líbano permanece cerrado. Y en las tres Localidades de Cartagena hay decenas de obras menores que duermen el sueño de los justos por causas que están por determinar. Tan grave es la situación que (por orden del alcalde, Manolo Duque Vásquez) se le ha pedido a la Procuraduría que realice un acompañamiento.

Es por ello -dicen – que si la Fiscalía atiende la solicitud de la Corporación Bolívar Visible y la Red de Veeduría Ciudadana Cartagena de Indias se podría determinar quiénes son los culpables de lo que viene ocurriendo; los que ‘frieron’ los ‘chicharrones’ de que habló el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz, durante un recorrido por varias de las obras inconclusas.

Pero también se debería saber -agregamos nosotros – qué papel jugaron en este penoso caso, que tan abochornados tiene a los constructores locales, algunos sectores de la Academia, del Concejo y de las llamadas veedurías ciudadanas. Sobre todo, deberíamos conocer dónde estuvieron y han estado durante todo el tiempo los órganos de control locales.

Y no sólo en lo relacionado con los $250 mil millones ejecutados por la Administración anterior. También en lo relativo a obras contratadas con recursos de regalías, como el Paseo Peatonal de Bocagrande y, claro está, en lo que tiene que ver con el semideprimido de Crespo y los terraplenes de Marbella.

Justicia plena, en fin, es lo que mínimamente debería exigirse. Y que los responsables -todos y no sólo unos cuantos – sean condignamente castigados.

  • Director de Revista Metro

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